El control político del Departamento de Salud ha dado mucho juego en esta legislatura que ahora termina. Han sido muchas las iniciativas parlamentarias de control, entre comparecencias, mociones y preguntas. La sanidad ha sido motivo para el desgaste del Gobierno. Incluso fue tomada como pretexto para plantear una moción de reprobación al Gobierno, al que se acusaba de insumiso respecto de la ley del aborto. No obstante, ha sido más el ruido que las nueces como fácilmente se puede comprobar a juzgar por las valoraciones de los usuarios y la opinión de los evaluadores externos. Todos han situado constantemente el sistema sanitario navarro entre los mejores españoles.
Ahora bien, al valorar la salud de los sistemas sanitarios, como la de cualquier otro servicio del Gobierno, nos topamos con un asunto poliédrico. Puede ser abordada desde diferentes perspectivas. Desde la responsabilidad de los profesionales sanitarios; desde los usuarios, que ejercen el derecho constitucional a la salud; desde la visión de los responsables de la gestión administrativa y política; desde la posición parlamentaria y, finalmente, desde los observadores externos. Me voy centrar en estos dos aspectos últimos por mi condición de portavoz de UPN en la Comisión de Salud y por el valor objetivo evaluador de quienes nos observan.
Dado que la salud ofrece oportunidades, la oposición ha mantenido discursos políticos demagógicos tratando de elevar a la categoría de interés general lo que no ha pasado de ser una anécdota, un caso particular o un interés privado. No han sido pocas las iniciativas que han obedecido a situaciones particulares o limitadas a sectores sociales específicos o ámbitos geográficos de Navarra determinados.
Se ha olvidado, con demasiada frecuencia, el principio de igualdad entre los ciudadanos, que impide que el contenido del derecho a la salud dependa de los límites geográficos entre comunidades o de la pertenencia a un grupo de usuarios u otro.
De modo especial, la oposición parlamentaria se ha centrado en las cuestiones vinculadas con el aborto. Se ha acusado al Gobierno de Navarra de incumplir los preceptos de ley del aborto, siendo así que el Defensor del Pueblo ha corroborado el cumplimiento de la ley. La ley permite la derivación de las solicitudes de aborto hacia los centros privados que lo practican. Estas derivaciones atienden el 98% de los abortos que, lamentablemente, se realizan en España.
Cuantas veces se ha tratado el asunto la oposición ha hecho oídos sordos a las cuestiones vinculadas con la objeción de conciencia, derecho fundamental que asiste a los profesionales que se ven vinculados con un proceso de aborto y que les exime del cumplimiento de los preceptos legales. Se ha llegado al absurdo de forzar por ley la creación de un registro de la conciencia de los profesionales.
Se ha preocupado también de la gestión de las listas de espera, construyendo discursos sobre el número de los que esperan, no sobre el tiempo de espera, ni las razones de la espera. En cualquier caso, los resultados de esta gestión son espectaculares cumpliéndose con creces los plazos de garantía establecidos.
Las derivaciones hacia los centros concertados han dado lugar también a mucho debate político sin contar con suficiente apoyo en los informes de la Cámara de Comptos. Bastaría el dato simple de que solo el 4,10% del presupuesto del Departamento de Salud de 2010 se dedicó a los conciertos para arruinar los argumentos de privatización.
De los evaluadores, la Federación de Asociaciones por la Defensa de la Sanidad Pública adquiere especial significado por su personalidad. En su informe del 2010, valorando 19 parámetros distintos, sitúa a Navarra en primera posición entre las diecisiete comunidades autónomas, con 56 puntos sobre 78, 12 por encima de la puntuación media, 20 por encima de la puntuación última. Finalmente, la valoración de los ciudadanos de la sanidad pública navarra tiene un valor significativo. Fue valorada con 7,5 sobre 10 en el año 2010.
Javier Marcotegui Ros
Portavoz de UPN en la Comisión de Salud
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