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El ojo por ojo no sirve en el Estado de Derecho

Visión joven es el título que he querido dar a este blog, ya que desde este pequeño espacio pretendo transmitir mi visión, la de un joven, sobre los diferentes temas que estén de actualidad.

En el blog de hoy quiero tratar las declaraciones realizadas en una entrevista por el ex presidente del Gobierno, Felipe González, en las que decía que “tuve que decidir si volaba a la cúpula de ETA. Dije no. Y no se si hice lo correcto”.

Estas palabras hay que enlazarlas con el famoso caso GAL, por el que varios dirigentes socialistas ya tuvieron que rendir cuentas ante la justicia por realizar terrorismo de estado en su lucha contra los asesinos de ETA.

Parece claro que desde el Gobierno Socialista se realizaron crímenes de Estado, y desde mi opinión, tanto Felipe González como Rubalcaba estaban al tanto de ellos. Pero lo grave de estas afirmaciones no es que hace 20 años se le pasara por la cabeza poner una bomba para acabar con la cúpula etarra, sino que dos décadas después, una vez que ha quedado claro que la mejor forma de combatir a ETA es mediante el Estado de Derecho, la unidad de todos los demócratas y la cooperación internacional, todavía tenga dudas de si hizo lo correcto.

El Gobierno de un país democrático jamás puede ponerse a la misma altura que los terroristas, si hay alguien que actuando en caliente pudiera estar legitimado a obrar así, son las víctimas de ETA, pero ellas muy valientemente siempre han renunciado a tomarse la justicia por su mano, confiando en el Gobierno para acabar con la lacra del terrorismo mediante la legalidad.

Por eso repudio las palabras del ex presidente, ya que el ojo por ojo no sirve más que para dar más aliento a los etarras y sus allegados. Lo que verdaderamente hay que hacer es acabar con ellos utilizando exclusivamente los instrumentos que nos ofrece el Estado de Derecho, renunciar a tener con ellos cualquier tipo de negociación que les otorgue contraprestaciones políticas, endurecer las penas y asegurarnos de que las cumplen y, por supuesto, ser muy rigurosos con los beneficios  penitenciarios para evitar que se les concedan sin que se produzca un arrepentimiento claro ni se haya pedido perdón a las víctimas.