La Secretaria de Política de Igualdad del PSOE, Dª Soledad Cabezón, afirmó la semana pasada que el anuncio de la interposición de un recurso de inconstitucionalidad por parte del Gobierno de Navarra frente a la nueva ley del aborto supone un ataque a la “dignidad de la mujeres”. Ahí queda eso.
El marco competencial español es, como bien sabemos, complejo. La linde competencial diseñada en la Constitución Española entre las distintas administraciones no siempre está clara. Es más, podríamos afirmar que la norma general es la indeterminación.
Que el gobierno de Navarra considere que una ley estatal vulnera competencias autonómicas entra dentro de la normalidad institucional. Tan normal como que la administración central u otra administración autonómica llegaran a la conclusión de que una norma de otra administración vulneraba las propias. La constitución prevé, de forma natural, que se produzcan este tipo de discrepancias, es más, positiviza el modo legal de resolverlas. Para eso, entre otras cosas, está el Tribunal Constitucional.
Pero algunos -y algunas- siguen sin entenderlo y, peor aún, sin respetarlo. ¡Qué lastima!
El Proyecto de Ley original sobre el aborto, no contenía la injerencia que finalmente recoge el texto. Fue introducida conscientemente por el PSOE para obtener el voto favorable de Nafarroa Bai (no andaban al inicio de la tramitación sobrantes de apoyos). De hecho, conviene recordar que el origen de la intromisión parte de la aceptación por el PSOE de la única enmienda que presentó Nabai al proyecto, precisamente para imponer desde Madrid lo que no eran capaces de conseguir en Navarra.
El Gobierno de Navarra cumple con su deber al defender el autogobierno. Es más, acierta plenamente. El que la oposición anuncie que se plantea modificar la norma foral para que ésta no incomode la norma estatal supone un reconocimiento implícito de la intromisión competencial. ¿Qué quieren, que renunciemos a nuestras competencias propias? En fin.
Por cierto, la capacidad autoorganizativa en materia sanitaria la ostentan todas las Comunidades Autónomas. Lo digo, porque algún partido que se felicita por la decisión del gobierno de UPN en este tema –después, por cierto, de dudar públicamente de nuestra actitud respecto a esta ley- podría aplicarse con el mismo celo competencial en las comunidades en las que ese mismo partido gobierna.
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