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Sentido común y oportunidad

Esta semana próxima se va a hablar del uso de las lenguas en el Senado. Un grupo de senadores encabezados por Miquel Bofill, senador de Esquerra Republicana de Cataluña, está planteando una reforma del Reglamento del Senado para que se permita el uso de las lenguas oficiales de las distintas Comunidades Autónomas en la actividad de la Cámara Alta. Han presentado una propuesta de reforma en la que se contempla que tanto la presentación de escritos y las intervenciones que se produzcan en las sesiones del Pleno, Diputación Permanente y las Comisiones puedan realizarse en cualquiera de las lenguas que tengan el carácter de oficiales en alguna Comunidad Autónoma, de acuerdo con la Constitución y el correspondiente Estatuto de Autonomía. Para ello se tendrá que poner en funcionamiento un servicio de traducción simultánea que permita a los senadores seguir las intervenciones desde el escaño en lengua castellana.

Esta reforma, que tiene un coste de 120.000 euros según los proponentes, que será bastante más elevado, la justifican por dos razones, la primera por ser el Senado la cámara de representación territorial y la segunda apelando a la voluntad constitucional de “proteger las lenguas de todos los españoles y pueblos de España”. Este punto resulta un tanto chocante viniendo de quien viene la propuesta sobre todo cuando olvidan algo que también dice la constitución y es que “El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla.”

Nosotros, UPN, vamos a votar en contra de esta medida, en primer lugar por “sentido común”, entendido como sentido práctico de las cosas. Si todos los representantes territoriales que estamos allí tenemos una lengua común que debemos conocer y conocemos, y con la que nos entendemos, no tiene ningún sentido esforzarnos en poner trabas a este entendimiento. Y en segundo lugar por ser totalmente inoportuna en este momento de crisis económica. No se justifica en absoluto la necesidad de realizar este gasto cuando se están continuamente anunciando medidas de control, austeridad y reducción del gasto público de todas las administraciones.
Y esta postura no significa que no respetemos las lenguas, ni que incumplamos ningún mandato constitucional de protección a las mismas, significa tan sólo facilitar la comunicación entre todos de manera ágil, eficaz y eficiente.
La “normalidad” lingüística es eso, hacer lo que es más normal.