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Y, sin embargo, es delito

Según la leyenda, Galileo Galilei, viéndose obligado ante la Inquisición a abjurar de las teorías copernicanas, pronunció la frase «eppur si muove» («y, sin embargo, se mueve»).

Podríamos parafrasear a Galileo, una vez aprobada la ley del aborto por el Congreso, afirmando «y, sin embargo, es delito». Como en aquel caso, en el que la autoridad (entonces eclesiástica) dijo que la Tierra no se movía, ahora la autoridad legislativa ha eliminado el tipo penal del aborto y ha reconocido el derecho a la maternidad libremente decidida. Sin embargo, matar al feto es delito.

Formalmente, según la ley, el delito del aborto ha desaparecido del Derecho Penal español en determinados supuestos. Lamentablemente, así será mientras el Tribunal Constitucional no declare la inconstitucionalidad de la ley. Ahora bien, afortunadamente, en el subconsciente del legislador permanece el concepto de delito. ¿Por qué, si no, el legislador establece penas para el que ejecute abortos fuera de los casos permitidos? ¿Por qué estas penas también alcanzan a la mujer en los mismos supuestos? ¿Por qué establece supuestos y no autoriza sin más la muerte del feto desvalido? Algo, aunque poco, debe de quedar de la conciencia de delito.

Este rescoldo de conciencia puede salvar nuestra humanidad, como la frase farfullada e inaudible salvó la dignidad científica de Galileo, en cuyo fuero interno, a pesar de todo, permaneció la verdad científica. Espero que esta traza sutil de la conciencia de humanidad permanezca, aunque sea oculta, bajo las siniestras previsiones de la ley del aborto para que el hombre no acabe confundiéndose con el animal, que exclusivamente responde a lo sensitivo.

La ley permite el aborto libre condicionado sólo por la voluntad de la madre hasta la edad del feto de 14 semanas. ¿Qué hecho científicamente relevante ha encontrado el legislador para señalar el final de la semana 14 de vida del feto como límite para provocar el aborto determinado por la libérrima voluntad de la madre? No busquen la respuesta en el texto de la ley. Tan sólo encontrarán la afirmación de que «el legislador ha considerado razonable» este plazo. Algún grupo parlamentario establecía la razonabilidad en la semana 22. Cabe preguntarse por qué no es razonable la semana 15 o la 16, y así sucesivamente hasta el momento del nacimiento. Y, aun en este caso, cabe interrogarse por el insondable misterio que encierra la tijera que secciona el cordón umbilical para calificar de infanticidio lo que un poco antes era interrupción voluntaria del embarazo.

Como no hay respuestas objetivas, he oído otras muchas peregrinas: que el feto no habla, no sufre, no tiene vida independiente de la madre y que, por tanto, no hay problemas para darle muerte. Por este camino, que se preparen los mudos, las personas dependientes y que no se les ocurra perder, siquiera momentáneamente, la sensibilidad.

También cabe preguntarse por qué el legislador no ha puesto el límite en la semana 13 o en la 12, y así sucesivamente hasta el comienzo de la gestación. Lo curioso es que, en el momento cero de la vida del feto, sí existe un hecho objetivo que el legislador ha desconocido: la fecundación. Esta da nacimiento a un ser distinto de la madre con la que inmediatamente se comunica para evitar la reacción fisiológica de rechazo natural en ella, como hace con cualquier elemento distinto. Ha surgido el profundo diálogo y relación madre-hijo que el aborto interrumpe.

Pero hay otra ley fundamental, más básica que la del legislador humano. Todos la conocemos porque nos distingue de la condición animal. Es la ley moral que nos dicta no querer para el otro lo que no quieres para ti. Es la ley que nos impone el deber. La muerte de otro por satisfacer el interés personal, aunque este sea la libertad, vulnera esta ley. Este es el delito del aborto, cuya pena no se redime ya que está impuesta por la conciencia personal.