Una estrategia más del Gobierno socialista, que ya nos tiene acostumbrados a esta táctica de oscurantismo y tapadillo ante la opinión pública para «colar» con el menor ruido posible asuntos de gran calado para el futuro de nuestro país.
Estamos pues ante un proyecto legislativo que la izquierda considera «progre» y que así trata de venderlo a la sociedad española, pero ¿qué progreso supone para una sociedad acabar con la vida de alguien? ¿En qué artículo de qué ley de las que conforman nuestro ordenamiento jurídico se presenta el aborto como un derecho? ¿Refleja esta ley una demanda del pueblo español o simplemente resume una obsesión del Gobierno de España alejada del sentir de los ciudadanos?
Ya las sociedades primitivas entendieron el valor de la vida como un bien supremo e inalienable, estableciendo entre los clanes (familias) lazos de protección. Ahora en pleno siglo XXI y en una sociedad que ha avanzado tanto, se presenta como un progreso la erradicación de la vida de alguien con la sola excusa del bienestar personal. Se nos presenta como progresista la mayor regresión que puede producirse en la especie humana, la pérdida del valor de la vida.
Se habla del derecho de la mujer a abortar, cuando no existe tal derecho, sino que el aborto es un delito que está despenalizado en algunos supuestos. Se trata pues de convertir en derecho lo que hoy en España es un delito.
Otro de los enfoques con los que se aborda este asunto es la perspectiva de la libertad, obviando que el aborto no es una cuestión de libertad, sino de derecho a vivir. La libertad humana tiene y debe seguir teniendo algunas limitaciones, precisamente aquellas en las que la libertad individual choca con derechos subjetivos de otras personas.
Lo que sí debe ser una cuestión que sea abordada de manera abierta es la sexualidad. Esta cuestión sí afecta a la libertad personal. La sexualidad pertenece al ámbito privado de las personas y se ejerce en función de los valores y principios que cada individuo entiende, en unos casos basados en creencias religiosas y en otros casos en ausencia de éstas.
Pero si alguien es lo suficientemente adulto para elegir con libertad el tipo de sexualidad que quiere debe serlo también para encarar las consecuencias que se deriven de su práctica. Es decir, una vez que el acto sexual ha generado una vida humana, ya no cabe la irresponsabilidad de echar balones fuera, optar por el camino más fácil y destruir esa vida, porque no es admisible que la irresponsabilidad de una persona se pague con la vida de otra.
Estamos pues ante dos cuestiones muy diferentes que se mezclan habitualmente con muy poco rigor. El derecho a la libertad sexual, que si es tal y que como tal puede reclamarse por cada individuo, y el derecho al aborto, que ni existe en nuestro ordenamiento jurídico ni debe incorporarse.
El aborto ni es una cuestión demandada, ni es progresista, ni es una cuestión de libertad de la mujer. Es, como han sido otras muchas cuestiones que han protagonizado la vida política de nuestro país en el último año, una ocurrencia más -mucho peor que las anteriores, porque en este caso se trata de eliminar personas- del Gobierno de Zapatero, que pagaremos todos como sociedad en el futuro… y si no al tiempo.