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Un plazo para abortar libremente. ¿Por qué?

Javier Marcotegui Ros, vicepresidente primero del Parlamento de Navarra

Es oportuno, en consecuencia, formular las siguientes cuestiones. ¿Qué hecho cierto y relevante sucede en el proceso de gestación que permita definir objetivamente tal plazo? ¿Por qué un momento antes de acabar el plazo la madre podrá decidir absolutamente sobre la vida del hijo y un momento después requerirá el consentimiento de la sociedad? ¿Qué razones ha encontrado la sociedad para presentarse como garante de la vida del feto después del plazo?

Podría encontrárselas en la viabilidad del feto, presunción estadística más o menos fundada científicamente que ocurre en torno a las 22 semanas de gestación; algunas semanas más tarde que el probable plazo fatal para el aborto libre. Es posible que los datos estadísticos demuestren que los fetos mayores de 22 semanas son viables; que pueden, con todas las ayudas técnicas disponibles actualmente, llegar a término fuera del cuerpo materno. Ahora bien, ¿tenemos certeza de que no será viable el feto inmediatamente anterior y de que lo será el posterior?

Además, resulta sorprendente que para hacer efectiva esta supuesta viabilidad se prescinda, de entre las ayudas técnicas, de la más natural y perfecta: la que presta el organismo de la madre. Esto nos lleva a formular otras cuestiones anejas. ¿Por qué se prescinde de la madre? ¿Por qué se la margina y abandona con tanta facilidad? ¿Por qué, con tanta frecuencia, se la confunde con etéreos derechos al uso del propio cuerpo y con el inexistente derecho al aborto? ¿En cuántos abortos se informa a la madre sobre el estado del desarrollo real del hijo solicitante de la ayuda vital? ¿A cuántas madres en trance de abortar se les informa sobre los síndromes psicológicos postaborto cuya causa es precisamente el aborto, no la continuación del embarazo?

Por otra parte, sin los apoyos técnicos y sociales pertinentes, ningún humano, ni recién nacido ni adolescente ni adulto ni anciano, es viable, es capaz por sí mismo de sobrevivir por sus propios medios fuera, en este caso, del organismo social. ¿Dónde queda el argumento de la viabilidad del feto?

Por el contrario, sí sabemos con certeza qué sucede en el momento de la fecundación y cuál es la consecuencia: la formación de una estructura viva distinta de la madre con posibilidades propias, exclusivas y no compartidas: las de iniciar, dirigir y terminar un proceso de desarrollo embrionario que dará lugar a un ser al que reconoceremos plenos derechos civiles. Son precisamente estas posibilidades las que hacen del feto un bien jurídico protegible que, según el TC (Sentencia 53/1985), obliga al Estado a abstenerse de interrumpir o obstaculizar el proceso natural de gestación.

Las preguntas no tienen respuestas sencillas; mejor dicho, no tienen respuestas. Nos encontramos ante el más puro y radical positivismo jurídico (por no llamarlo arbitrariedad). Es bien significativo, al respecto, que en el informe de conclusiones presentado por la Subcomisión a la Comisión de Igualdad del Congreso, después de oír a representantes de la sociedad civil e ilustres expertos, ambas se hayan inhibido de formular un plazo y se hayan limitado a constatar la existencia de legislaciones abortistas con plazos entre las 10 y las 24 semanas.

Así, la seguridad vital del feto queda a merced de la voluntad del legislador, del más puro voluntarismo legislativo.

¿Puede calificarse de moderna y progresista una sociedad que sólo encuentra en la muerte del más desprotegido la solución a los problemas vinculados con los embarazos no deseados?