(UPN/18.2.09) La senadora de UPN, María Caballero, ha defendido durante el pleno celebrado hoy la creación de una ponencia de seguimiento del Fondo Estatal de Inversión Local y sus efectos sobre la economía y el empleo, apoyando así la moción presentada por el GPP, que no salió adelante. La senadora ha pedido al Gobierno «transparencia y análisis». «No entendemos qué es lo que le asusta al Gobierno para estar en contra de la ponencia», ha indicado.
Para la senadora de UPN, que forma parte de la Comisión de Entidades Locales, la creación de la ponencia serviría «para saber si esta medida ha supuesto un incentivo en la economía y en el empleo y si los fondos se han destinado a los proyectos previstos».
Además, «desde UPN estamos muy interesados en conocer qué cantidad del Fondo se ha destinado a ayuntamientos gobernados por ANV, y qué sistemas de control se han aplicado es estos casos para garantizar que esas cantidades de dinero no van destinadas a nada diferente de lo establecido en el Real Decreto Ley», ha señalado.
En este sentido, la senadora regionalista ha indicado que el hecho de concurrir a la convocatoria «no tiene por qué significar que sea una buena medida económica para paliar los efectos de la crisis», y ha añadido que «es necesario saber si el Fondo ha cumplido sus objetivos y si la creación de empleo ha sido eficaz, esto es, si el número de empleados ha sido proporcional al gasto producido o si otra medida con el mismo coste hubiera aportado mejores resultados en promoción de empleo».
Caballero también se ha interesado sobre las obras ejecutadas, si son de inversión a largo plazo o por el contrario carecen de efecto multiplicador sobre la economía, y si las obras conllevan mayores gastos corrientes futuros para el ayuntamiento correspondiente. En definitiva, «si tan importante inversión estatal ha producido buenos frutos».
En su opinión, hay que tener en cuenta que este Plan ha supuesto un crecimiento «abrumador» del gasto público, hasta el punto de que la Comisión Europea va a abrir un procedimiento sancionador contra España por superar el límite del 3% de déficit público respecto al PIB, previsto en el Pacto Estabilidad y Crecimiento. En 2008, este endeudamiento se situó en el 3,4%, y en 2009 se disparará hasta el 6,2%, debido a la caída de los ingresos fiscales, al aumento del número de prestaciones por desempleo y a las medidas de estímulo para combatir la crisis. «Es vital que el gasto público cumpla con las finalidades a las que se orienta y es vital crear medidas eficaces», ha concluido Caballero.