Descargas

Novecientos siete millones

Javier Marcotegui Ros, vicepresidente Primero de la Cámara y parlamentario de UPN

Novecientos siete millones de euros es lo que el Gobierno de Navarra va a gastar este año 2009 en la financiación del Sistema Navarro de Salud. El 21% de todo su presupuesto. La cifra, por sí misma, quizá no sugiera otra cosa que la dificultad de expresarla en pesetas: 150.912 millones. Cifra algo mareante que nos debe hacer meditar sobre el gasto público de salud que los navarros soportamos y la necesidad de hacer un uso responsable, razonable, equitativo y eficiente de los servicios sanitarios públicos. ¿Hasta dónde alcanza nuestra capacidad de pago?

Por fortuna el derecho a la salud es universal y gratuito. Todos tenemos derecho a ser atendidos en las instituciones sanitarias públicas en condiciones de gratuidad. Ahora bien, el que la sanidad pública sea gratuita no quiere decir que no tenga un coste que debe ser financiado por todos los ciudadanos hagan o no uso de ella.

De ahí la conveniencia de conocer el coste de los servicios sanitarios para erradicar su uso abusivo y avanzar hacia la eficiencia. Es decir, hacia la atención con la debida calidad al menor coste. También para comprender que el primer obligado con la salud es el propio ciudadano, que debe adoptar hábitos de vida saludables.

La sanidad pública española tiene un problema grave de sostenibilidad económica. Por su carácter gratuito y por la tendencia social a olvidar rápidamente los avances de los servicios públicos, su demanda crece continuamente, lo que genera enormes tensiones económicas, de planificación y de gestión de la oferta.

Además, la mejora de los medios técnicos incrementa esta demanda. Este círculo vicioso perjudica la calidad del servicio y la percepción que de él tienen los usuarios. Desde el año 1991, el gasto sanitario anual por habitante, descontado el efecto de la depreciación del valor de la moneda, se ha multiplicado por 1,53. ¿Por qué algunos perciben que la sanidad pública ha empeorado?

Por otra parte, la sanidad, al afectar al bien personal más preciado, la vida, se presta a discursos políticos demagógicos para intentar demostrar la deficiente calidad del sistema y denostar al gobierno de turno. Para ellos, todo es poco. Valga como ejemplo el uso abusivo que se hace en el discurso del número de pacientes en lista de espera sin discriminar entre los que pueden y deben esperar para beneficio de los que no pueden hacerlo, o el olvido consciente de que el problema no es el número de la lista, sino el tiempo de espera. Sirva también el uso, en ocasiones irracional, que la población hace de los servicios de urgencia.

Conviene, por tanto, conocer que estos 907 millones suponen un gasto anual personal de 1.462 euros. Es decir, 5.840 euros para una familia de cuatro miembros; 410 millones de pesetas diarios. Sólo el coste de los diez minutos de la jornada que como media un médico de familia dedica a un paciente cuesta 6,12 euros, sin contar los gastos del personal de enfermería y los gastos generales. El gasto anual por persona en fármacos alcanza 326 euros. ¿Cuánto cuesta una estancia en un hospital? ¿Cuánto una prueba analítica? ¿Cuántos medicamentos caducan en las mesillas de casa?

Por esto, algunos países tienen la higiénica costumbre de facilitar al usuario, al finalizar el acto médico, un documento, a modo de factura que no se hace efectiva, en el que figura el coste de los servicios recibidos. De este modo, quizá, este usuario adquiere sentido personal de su coste. Otros, sin perjudicar significativamente los principios de universalidad y gratuidad, estiman que fórmulas de copago pueden ayudar a racionalizar un gasto tan elevado. Estas y otras medidas recogidas en el informe Abril, de 1991, deberían, al menos, ser consideradas sin apasionamiento político para conseguir mayor sostenibilidad y equidad del sistema.
Javier Marcotegui Ros