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Qué hubiera pensado José Javier Múgica

Javier Marcotegui Ros, vicepresidente 1º del Parlamento de Navarra

Con él recordamos a Juan Manuel Piñuel e Isaías Carrasco, muertos por ETA hace tan sólo dos y cuatro meses y a los restantes 938 muertos por ETA. Parece que hubiera pasado una eternidad, que el tiempo se hubiera parado desde el 28 de mayo de 1960, fecha del asesinato de la niña de 22 meses, Begoña Urroz Ibarrola. Parece que estos dos meses justos pasados desde la última víctima mortal fueran lo mismo que los cuarenta y ocho años trascurridos desde la primera. Para algunos, los descerebrados, es el día después del 28 de febrero de 1876, del 29 de agosto 1839 o del 17 de diciembre de 1512. Algunos se remontan más. Parece que no hubiera desaparecido el régimen franquista, que no hubiéramos superado la transición política, que no tuviéramos una Constitución democrática moderna, que no se hubiera organizado con éxito el estado de las autonomías, que no hubiera una alternancia pacífica en el poder del Gobierno de España y de las Autonomías, que no existiera un régimen de libertad donde la palabra, de la mano de la Ley, es la única herramienta para la defensa de la Libertad, La Justicia y la Paz.

Mientras tanto, como si nada de esto hubiera sucedido, se convoca una consulta popular ilegal por incompetencia de quien la convoca y por clara insuficiencia legítima de los convocados. La hipotética respuesta a la consulta no se agota en sí misma,  es trascendente. Afecta profundamente a terceros ciudadanos a los que no se ha considerado depositarios del derecho a opinar según la más elemental aplicación del principio de solidaridad constitucional. Precisamente, este principio político es el elemento de la democracia que amalgama y vincula a los ciudadanos y las regiones de un país. Es por esto que ningún grupo de ciudadanos, ni ninguna región puede monopolizar la ciudadanía para despojar al resto del derecho de pertenencia al conjunto nacional. Además, la generación actual no está legitimada para impedir este derecho de pertenencia a las futuras.

El hecho mismo de la convocatoria ilegal ya produce efectos. Probablemente pretendidos perversamente. Son los efectos derivados de la lógica reacción del estado de derecho, de la aplicación de la constitución y del recurso ante los tribunales. Es oportuno recordar, parafraseando las palabras de Stéphane Dion, Ministro de Asuntos Intergubernamentales de Canadá e impulsor de la Ley de la claridad de junio de 2000, que el sano espíritu nacionalista y regionalista puede fomentar una mayor solidaridad en un grupo humano en el contexto de apertura a otros grupos. Sin embargo, puede convertirse en una fuerza dañina y peligrosa si se transforma en la única referencia como principio de organización política y social, si se ofrece como la única óptica ideológica desde la que se percibe la vida en sociedad.

La ausencia de José Javier y de las otras 940 víctimas del nacionalismo terrorista, ya por sí sóla, deslegitima la consulta. ¿Qué hubiera votado, si le hubieran dejado, o siquiera, qué hubiera pensado José Javier de la maniobra secesionista?