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En favor del más débil

Javier Marcotegui Ros, Parlamentario de UPN

En el año 2006, el número de defunciones en España por enfermedad o causas naturales ha disminuido el 4,1% respecto del año anterior. Entre tanto, el número de abortos inducidos ha crecido un 10,83%. Uno de cada seis embarazos termina en aborto. Se produce un aborto cada 5,17 minutos.

No obstante, de los fetos sacrificados en el útero nadie, o casi nadie, se acuerda. No son motivo de noticia. Quizá lo sea que el 97% de los abortos inducidos se producen en entidades sanitarias privadas con ánimo de lucro; que la justicia se extralimita si indaga el justo cumplimiento de los supuestos de despenalización del aborto; que en Navarra no existe un centro público para atender el 3% de las solicitudes de aborto. No es noticia que cada aborto es una radical vulneración del derecho a la vida que la CE reconoce a todos, incluido el nasciturus, que genera la obligación al Estado «de abstenerse de interrumpir o de obstaculizar el proceso natural de gestación y la de establecer un sistema legal para la defensa de la vida que (…) incluya también (…) las normas penales», tal como ha manifestado el Tribunal Constitucional.

Quizá no son noticia porque no tienen capacidad para organizarse en alguna asociación que defienda su derecho a la vida. Quizá porque los que desean ayudarles a completar su vida uterina no tengan voz suficiente para ser oída en los parlamentos. Puede que no lo sean porque la maternidad es un valor a la baja que puede plantear graves problemas de conciliación de la vida familiar y laboral de la que en modo alguno se les puede responsabilizar. Es posible que los adultos no respondan a sus derechos porque ignoran que a sus tres meses de vida, plazo misterioso que salva a algunos, tienen una talla de 56 mm y un cuerpo con conformación y morfología identificables con la del adulto.

Mientras tanto, se confunde a la opinión pública, aprovechando cualquier altavoz para efectuar perversas labores pedagógicas y convencer a los ciudadanos de la existencia de un derecho al aborto que el sistema sanitario no atiende convenientemente. Es preciso combatir con energía estas manipulaciones. El derecho que reconoce la sanidad española es el de la salud. Cuestión distinta es que este derecho se garantice con ciertas prestaciones sanitarias. Por esto, nadie en su sano juicio reclamaría al juez el derecho a que se le extirpe determinado órgano vital. Lo que reclamaría es su derecho a la salud y la atención médica necesaria para recuperar la salud perdida. El aborto inducido sólo es una prestación sanitaria si se cumplen las condiciones previstas en el Código Penal.

Es preciso en nombre del feto, el más débil en este conflicto de intereses, recordar que el aborto es un delito que atenta contra el derecho constitucional a la vida. Es necesario reclamar de las autoridades públicas legislativas, ejecutivas y judiciales las ayudas y acciones pertinentes para que el embrión supere el lugar potencialmente más peligroso de su vida.