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El derrumbe de la democracia

Jaime Ignacio del Burgo, Diputado de UPN

El Gobierno tripartito de Euskadi se ha rasgado las vestiduras porque los jueces "españoles" han abierto una brecha en el principio de impunidad que inspira el régimen nacionalista.

Hasta ahora los nacionalistas vascos no se habían dado cuenta del derrumbe de la democracia en el País Vasco. En realidad, puede decirse que nunca la ha habido en su plenitud. Es cierto que se dan todos los elementos de la democracia formal. Hay pluralismo político, se celebran elecciones periódicas para elegir a las poderosas instituciones que conforman el autogobierno vasco, hay libertad de expresión y los ciudadanos pueden manifestarse por las calles de Euskadi.

Sin embargo, el terrorismo provoca un tremendo déficit democrático. Los dirigentes y electos de los partidos que no están en la órbita nacionalista se ven obligados a llevar escolta y desarrollan su actividad con grandes dificultades; en muchos casos sus sedes parecen búnker y las que están a pie de calle han sido objeto de numerosos atentados. Muchos ciudadanos vascos se han visto obligados a abandonar la tierra que les vio nacer en un éxodo sin precedentes en una democracia avanzada como la española. El derecho a la participación política se encuentra extraordinariamente debilitado para quienes defienden que el País Vasco es una Comunidad española. Los partidos "constitucionalistas" tienen serias dificultades para conformar sus listas electorales, siendo sus candidatos auténticos héroes cívicos.

Los medios públicos de comunicación se encuentran mediatizados por el nacionalismo que no tiene pudor alguno en manejarlos a su antojo. Ha pasado inadvertido lo que en un país democrático normal hubiera sido un gran escándalo, como es el hecho de que el hasta ahora director general de EITB haya pasado a ser nuevo presidente del PNV en Vizcaya, "fichando" para su equipo a quien desempeñaba la dirección de Radio Euskadi, demostrando así la perfecta simbiosis entre la radio y la televisión vascas con el partido.

Desde 1979 el nacionalismo vasco gobierna el País Vasco. La alternancia en el poder, elemento esencial de una democracia, es algo desconocido para los vascos. El terrorismo ha realizado el trabajo sucio para neutralizar a la oposición y de esta forma el PNV ha podido implantar un auténtico régimen político de carácter monolítico y dispuesto a amordazar –eso sí, con maneras en apariencia democrática– a quienes disienten de él o lo puedan poner en peligro.

El manejo de los ingentes recursos públicos de que dispone el Gobierno vasco le ha permitido ejercer un férreo control de todos los aspectos de la vida vasca, desde la educación, la sanidad, los servicios sociales y la economía, hasta el deporte y la cultura. La gente no se atreve a hablar de política en público, por temor a las consecuencias. Y en ese clima la educación se utiliza para la inoculación de la verdad revelada: no hay más patria que Euskal Herria ni más meta que la liberación del pueblo vasco de las cadenas –españolas y francesas– que le oprimen. Y aunque no haya sitio en el mundo mejor que Euskadi y hablamos de tu en cuanto a renta y bienestar a los países más avanzados del mundo, el día en que nos sacudamos de la bota de "Madrid" seremos los primeros. Entre tanto, el PNV tiene una misión histórica que cumplir –y por eso, tiene el derecho y el deber de gobernar siempre– que no es otra que conducir al País Vasco a la tierra de la independencia prometida por el patriarca Sabino Arana al igual que hizo Moisés tras liberar al pueblo escogido por Dios de la esclavitud egipcia.

Pues bien, resulta que ahora el nacionalismo vasco se ha dado cuenta del "derrumbe" de la democracia. Pero no lo ha hecho porque haya entonado el mea culpa por las enormes carencias democráticas de su régimen político sino porque una sentencia del Tribunal Supremo le ha hecho salir a la calle nade menos que "en defensa de nuestras instituciones y de nuestro autogobierno", como si los jueces hubieran dinamitado los fundamentos del orden político vasco.

Como es sabido, el que fuera presidente del Gobierno vasco, Juan María Atucha, se negó a dar cumplimiento a la sentencia sobre ilegalización de Batasuna y no ordenó la disolución de su grupo parlamentario. El asunto llegó hasta el Tribunal Supremo, que acaba de condenar por desobediencia a unos cuantos años de inhabilitación al presidente rebelde y a los miembros de la Mesa del Parlamento vasco que secundaron su actitud.

El Gobierno tripartito de Euskadi se ha rasgado las vestiduras porque los jueces "españoles" han abierto una brecha en el principio de impunidad que inspira el régimen nacionalista. No se había enterado hasta ahora que España es todavía, y a pesar de sus imperfecciones, un Estado de Derecho en el que todos los ciudadanos, incluso los nacionalistas, son iguales ante la ley y, por tanto, están sujetos a la jurisdicción de los tribunales de Justicia por los hechos delictivos que cometan.

Pero la respuesta de la población a este desesperado llamamiento del Gobierno vasco a la insumisión cívica ha sido insignificante. Poco más de diez mil manifestantes acudieron a la convocatoria. Esa cifra –y más– la reúne Batasuna cualquier tarde.

O sea, que a pesar de que el derrumbe de la democracia, según los burukides nacionalistas, se haya producido por la actuación de unos magistrados que han sucumbido a la "la presión de la ultraderecha" (Atucha dixit), la sociedad vasca ha permanecido indiferente al llamamiento del sanedrín de Euskadi. Será, quizás, porque lleva muchos años –demasiados– acostumbrada a transitar entre los escombros de la democracia.