Javier Marcotegui Ros, Parlamentario Foral de UPN
Apenas se han extinguido los ecos y olvidado las incertidumbres políticas que se generaron en Navarra durante el confuso proceso de designación del candidato a la presidencia del Gobierno de Navarra en el pasado verano. Sin embargo, la Comunidad ya ha encontrado y emprendido el camino de la estabilidad política, la cual, si todo discurre conforme a lo previsto, volverá a colocar a Navarra en la senda del desarrollo económico, cultural y social de los últimos años. La estabilidad política constituye la razón básica por la que la Comunidad está situada entre las 48 regiones más avanzadas de la Unión Europea, es pionera en las políticas económicas y sociales y referencia en muchas de ellas. Con el apoyo de UPN, PSN y CDN, es decir, con el 72 por ciento de la representación parlamentaria, el actual Gobierno de Navarra ha conseguido aprobar los presupuestos generales para el año 2008.
El acuerdo político entre estos partidos ha hecho efectivas las expectativas surgidas el 16 de agosto pasado, día en el que quedaron definitivamente arruinados todos los intentos, con sus avances y retrocesos, para organizar un gobierno sextipartito. Los promotores pretendían impedir el acceso al Gobierno a UPN y CDN que juntos recogían el 48 por ciento de la voluntad popular navarra con representación parlamentaria. El objetivo era confuso, nada evidente y estaba insuficientemente soportado por un discutible mandato electoral de cambio. Insuficiente porque sólo contaba con un 4 por ciento más de apoyos parlamentarios, aportados, por otra parte, por dos partidos uno de ellos había perdido el 50 por ciento del apoyo electoral anterior y una coalición de cuatro. Era confuso porque la coalición a duras penas ocultaba sus intereses nacionalistas. El acuerdo político, además, ha recogido el sentir de amplios sectores sociales y económicos.
En la teoría política, se defiende con firmeza la necesidad de diseñar mecanismos de limitación del poder para resolver pacíficamente los enfrentamientos propios de las complejas relaciones sociales. Conflictos que, por los intereses en juego, contienen cierta tendencia hacia la confrontación violenta. Por eso, la debilidad política inherente a los gobiernos en minoría, convenientemente administrada con la oposición mayoritaria, puede dar lugar, paradójicamente, a mayor estabilidad y mayor número de oportunidades de desarrollo.
Este modo de proceder ha sido el habitual en Navarra. Gobiernos minoritarios socialistas han sido apoyados por UPN en la oposición, y gobiernos en minoría de UPN lo han sido por el PSN y CDN cuando estuvieron en la oposición. Nunca ha habido en Navarra gobiernos de mayoría. El cambio, si alguno debía deducirse de los resultados electorales registrados en mayo del pasado año, era este. La obligación del partido parlamentario mayoritario de buscar los apoyos pertinentes en la oposición mayoritaria para alcanzar la máxima representación política en la acción de gobierno y la máxima estabilidad.
Ahora bien, las complejas relaciones políticas entre los partidos involucrados con el pacto y con el Gobierno requieren una lealtad exquisita en su ejercicio. Ninguno de los partidos afectados puede demandar a los otros nada que no puedan políticamente conceder. Tampoco pueden negar lo que pueden conceder con facilidad política. De ahí que los acuerdos de estabilidad de gobierno contengan siempre el sabor agridulce. Por un lado, la amargura de lo concedido y de lo no alcanzado; por el otro, la dulzura de lo conseguido y de lo no cedido. El ciudadano, por otra parte, debe ser muy consciente de esta delicada posición de colaboración política y no debe caer en la tentación fácil de recriminar o vitorear las decisiones del partido con el que políticamente se identifica. No debe olvidar que de ese delicado equilibrio en el poder surge la estabilidad social y económica, la solidaridad y la cohesión social que le benefician.
Tenemos por delante, espero, un año de estabilidad política que permitirá sacar réditos de un presupuesto que dedica el 23,11 por ciento a inversiones propias y de terceros; que devuelve a los ciudadanos y sus instituciones el 37,90 por ciento para que ejerzan sus derechos y libertades y que afecta el 50 por ciento a los departamentos con especial sentido social: salud, educación, bienestar social y vivienda.