Los cargos públicos regionalistas destacaron el «gran avance» que supone la ley en materia de prestaciones sociales y el «profundo cambio» que conlleva en las políticas sociales desarrolladas, «dado su carácter garantista, al reconocer el derecho del ciudadano a los servicios sociales, en lugar de asistencialista, como se entendía hasta ahora».
Asimismo, valoraron el «amplio consenso alcanzado, con la participación de agentes económicos y sociales, entidades locales, colegios profesionales, trabajadores sociales, proveedores de servicios, etc.», y los beneficios que va a traer para todos los ciudadanos de Navarra, residan donde residan, gracias a la reordenación de los servicios sociales de base.
La consejera de Bienestar Social manifestó que la citada ley constituye una referencia para el resto de Comunidades, que creará empleo de calidad y que va más allá de la Ley Dependencia del Gobierno central. «Nuestra política social sí es el cuarto pilar básico del Estado del Bienestar», aseveró. En este sentido, García Malo recordó que desde el Ministerio se consideró a nuestra Comunidad como «paraíso de servicios sociales» y que el propio ministro Caldera reconoció que aspiraba a que el resto de Comunidades Autónomas estuvieran a la altura de Navarra en 2015.
Por su parte, Amelia Salanueva resaltó algunas diferencias entre la Ley Foral de Servicios Sociales y la Ley de Dependencia como, por ejemplo, los colectivos que cubrirá. «Además de las personas dependientes, nuestra normativa incluye a discapacitados, enfermos mentales, tercera edad, inmigrantes, familias en situación de exclusión social y menores», explicó.