El Consejo de Dirección del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados se ha reunido hoy en la sede de UPN. El diputado regionalista Jaime Ignacio del Burgo es miembro de dicho consejo en virtud del pacto entre ambas formaciones. A la reunión también ha asistido el secretario general de UPN Alberto Catalán y el segundo diputado regionalista Carlos Salvador.
Por parte del Consejo de Dirección han estado presentes los diputados Eduardo Zaplana, Jorge Fernández, Jaime Ignacio del Burgo, Ana Torme, María Salom, Alicia Castro, Vicente Martínez Pujalte, Rafael Hernando, Ignacio Gil Lázaro y Gabriel Cisneros.
Entre otras cuestiones, se ha hablado sobre la proposición no de ley presentada por UPN en el Congreso para rechazar cualquier negociación con ETA que pretenda condicionar el futuro de Navarra, mediante la ratificación del punto quinto del Acuerdo por la Paz y la Tolerancia firmado el 7 de octubre de 1988. La proposición se debatirá el martes en el Congreso.
El portavoz del PP Eduardo Zaplana explicó que se trata de una iniciativa «oportuna y tremendamente adecuada» para que el Congreso diga «que no se puede pagar ningún tipo de precio político en ninguna negociación y que no se puede negociar ni con los terroristas ni con los que se apoyan en el terrorismo».
«Estamos en un momento de incertidumbre, desconcierto y duda sobre la actitud del presidente del Gobierno, que no sabemos qué pretende ni cuáles son sus objetivos finales», comentó, y afirmó que con el PSOE en el Gobierno «todo está cambiando».
Denunció así la «impunidad» con la que Batasuna se manifiesta en las calles a pesar de ser una formación ilegalizada o las valoraciones políticas de sus dirigentes, entre ellas las relativas a la «territorialidad», algo con lo que la proposición no de ley de UPN «tiene mucho que ver, para que no haya dudas».
Eduardo Zaplana añadió que hay «un debate complicado en el conjunto de España» abierto por el Gobierno «sin ningún tipo de rumbo, al menos conocido», y en el que apostó por «defender la legalidad y el Pacto de Convivencia que tanto esfuerzo requirió pero que tan buenos frutos y resultados ha dado. Y en esa posición estamos nosotros, en la de la racionalidad y el sentido común, en la de intentar llamar a las cosas por su nombre para preservar los valores que consagra la Constitución española».