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UPN propone en el Congreso rechazar la negociación con ETA porque pretende condicionar la libertad..

Los diputados de UPN, Jaime Ignacio del Burgo y Carlos Salvador, han presentado en el registro del Congreso una proposición no de Ley en la que piden que la Cámara Baja se reafirme en «la plena vigencia política» del punto quinto del Acuerdo por la paz y la tolerancia firmado en Pamplona el 7 de octubre de 1988.

En dicho acuerdo se rechaza «toda posibilidad de que la banda terrorista ETA o cualquier organización respaldada por la misma, sea reconocida en negociaciones políticas que pretendan condicionar el desarrollo libre del sistema democrático en general y el propio de Navarra en particular».

La propuesta de UPN reivindica, como «parte esencial» de ese Acuerdo, el contenido «íntegro» de ese apartado quinto, en el cual se afirma con «rotundidad» que «ningún grupo terrorista, ni ningún partido político que apoye la práctica de la violencia o se sostenga en ella para conseguir sus fines está legitimado para erigirse en representante del pueblo de Navarra».

UPN ha defendido que, según el Acuerdo firmado en 1988, «sólo la voluntad de nuestro pueblo puede orientar el presente y el futuro de Navarra». Asimismo, ha señalado que todos los partidos democráticos navarros que lo suscribieron expresaron en el texto «su seguridad de que ETA y sus defensores nada han de obtener mediante la violencia y la intimidación y de que Navarra continuará progresando asentada en sus instituciones democráticas y regida por la voluntad de sus ciudadanos».

En la exposición de motivos de la proposición no de Ley, los diputados de UPN recuerdan que «la inmensa mayoría del pueblo navarro ha expresado a través de resoluciones reiteradas del Parlamento de Navarra su voluntad de quedar al margen de cualquier ingerencia que pueda provenir de otras Comunidades en el derecho de la Comunidad Foral de Navarra a permanecer como pueblo libre y diferenciado en el seno de la nación española, y mucho menos si aquélla es consecuencia del chantaje de la violencia terrorista». Estatus político que, por otra parte, ampara y respeta la Constitución en su disposición adicional primera y el Amejoramiento del Fuero de 1982, han señalado.