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UPN denuncia que la ley contra la Violencia de Género arrastra “graves deficiencias”

La senadora de UPN, Amelia Salanueva, afirmó hoy con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género que son necesarios “más recursos económicos” para luchar contra esta “lacra” y criticó que la reciente ley integral “es muy efectista y quizá poco efectiva”, ya que, según explicó, “arrastra graves deficiencias”.

Salanueva señaló que tras la aprobación de la ley “se ha avanzado poco porque los datos siguen siendo alarmantes”. La ley “arrastra graves deficiencias”, apuntó la senadora regionalista, quien sostuvo que las medidas deben dirigirse hacia la puesta en marcha de planes de seguridad personalizados hacia las víctimas, “y que se extienda la protección no sólo a las mujeres, sino también a sus hijos, a sus parejas de hecho, a los discapacitados y a las personas cercanas”. Para ello, apuntó, “hay que contar con dotación financiera suficiente”.

UPN pidió que se profundice en estos planes de seguridad, en los que se evalúe el grado de vulnerabilidad de la víctima y el grado de peligrosidad del agresor, así como que se dote de medios “suficientes” para la protección física, así como mejorar la coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para “garantizar a las mujeres víctimas potenciales un nivel adecuado de protección”.

“Es fundamental que haya un modelo educativo de calidad que refleje la igualdad de oportunidades, ya que consideramos que estamos en un momento de violencia importante, no sólo contra las mujeres, sino en la escuela y en la sociedad”, afirmó. En opinión de UPN, hay que incidir en la prevención a través de valores de tolerancia, respeto e igualdad.

Salanueva insistió en que se habló “mucho” de la ley, pero indicó que “hay que pasar a la acción y cumplir los compromisos adquiridos”. En este sentido criticó que el ministro de Trabajo, Jesús Caldera, anunciara que se dotaría de más de 20.000 teléfonos móviles a las mujeres que tuvieran una orden de protección o de alejamiento. De éstos, “6.000 tendrían que haber estado en funcionamiento antes de finalizar año 2004 y, sin embargo, en septiembre de 2005 sólo hay 1.571 teléfonos móviles en servicio”, criticó.

Los juzgados de violencia, medida que también se contempló en la ley, “de momento son insuficientes, hay ciertos colapsos y colas, y en Navarra es necesario que cuente con un juzgado específico”, dijo.

COMPROMISO FINANCIERO “ESCASO”

La senadora regionalista denunció que el compromiso financiero tras la aprobación de la ley “ha sido escaso”, ya que tras su aprobación “no había ni una sola partida para 2006, por lo que entendemos que es necesario dotar de recursos”. “La violencia requiere de compromisos económicos, y esto se está haciendo de manera insuficiente”, subrayó

Por ello, pidió un “mayor compromiso de acciones” al Gobierno central y señaló que trabajar para evitar estas situaciones de violencia “es una labor de todos, porque es un problema de dignidad humana”.

“No hay partida específica del Estado para Navarra”, apuntó Salanueva, porque son medidas que tienen carácter general. La ley arranca de las Cortes Generales y depende de la financiación que el Estado lleve a cabo, agregó.

Según explicó, “esto no significa que en Navarra no se haya hecho nada, porque se han tomado medidas interesantes y hay una buena colaboración entre las instituciones, además de que los recursos materiales han venido funcionando y se ha absorbido la demanda existente”.

Salanueva tuvo un recuerdo para las personas que sufren violencia de física o psíquica y denunció que las cifras siguen siendo “alarmantes”.No hemos de quedarnos con el dato, porque la cifra esconde a miles de mujeres sometidas a la más terrible violencia”, indicó la senadora, quien animó a todas las mujeres que se encuentran en esta situación a denunciarla, porque “no pueden permanecer en silencio”.

EN NAVARRA, RAZONABLE

En Navarra, dijo, la asistencia a mujeres es “razonable”. Así, recordó que en 1997 se creó la primera Comisión interdepartamental de malos tratos; en 1998 se aprobó el primer protocolo de actuación conjunta contra los malos tratos; y en 2002 se acordó el Acuerdo Interinstitucional para la Atención Integral de las Víctimas de malos tratos, suscrito entre el Gobierno de Navarra, la Delegación del Gobierno en la Comunidad Foral, la Fiscalía y el TSJN.

Además, se creó el Centro de Urgencias de 24 horas, se habilitaron recursos como las casas de acogida así como pisos de residencia, explicó. “Y todavía se puede seguir profundizando en medidas de otra naturaleza que a nosotros nos parecen las más decisivas para prevenir y no tener que asistir”, concluyó