UPN ha salido en defensa de la decisión del Ayuntamiento de Pamplona de proceder al desalojo del gaztetxe porque, ha afirmado, «un ayuntamiento debe atender el interés general de los ciudadanos y respetar la legalidad vigente y eso es lo que se ha hecho poniendo fin a una situación de ilegalidad, de actuaciones fraudulentas y de uso exlusivo de unas instalaciones».
Los regionalistas consideran que, con el desalojo, «se ha restaurado la legalidad después de diez años y ésa es la obligación de cualquier institución democrática y por supuesto del Ayuntamiento de Pamplona: respetar y hacer respetar la ley, así como los acuerdos adoptados de forma democrática por los representantes legítimos de los ciudadanos».
Aseguran que el consistorio ha dado ejemplo ante los pamploneses y ante los ciudadanos en general velando por el cumplimiento del principio de igualdad de todos ante la ley «frente al que no caben excepciones de ninguna naturaleza».
Asimismo, la formación regionalista ha señalado que «se debe proteger la igualdad de oportunidades de todos los jóvenes sin crear privilegios entre unos colectivos u otros» y ha mostrado su convencimiento de que las nuevas instalaciones deportivas públicas que se ubicarán en el solar «van a gozar del respaldo de los ciudadanos».