UPN ha sacado adelante en la Comisión Mixta Congreso-Senado, con el apoyo del PP y CiU, una proposición no de Ley en la que solicita la creación e implantación de un «Certificado de Empresas Familiarmente Responsables», que se otorgará a las empresas que garanticen la conciliación de la vida familiar y laboral de sus trabajadores.
Según Salanueva, encargada de defender la iniciativa, se trata de una medida práctica que conseguirá que las empresas «se pongan las pilas» a la hora de la conciliación, porque no tiene ninguna duda de que los usuarios preferirán siempre contratar sus bienes y servicios con aquellas entidades que garanticen más derechos sociales.
El objeto de la medida, señala, es «crear una cultura de la conciliación en la empresa, y que las empresas, por decirlo en términos coloquiales, se piquen y mejoren las condiciones de conciliación, para obtener los certificados».
Para Salanueva, la Proposición no de Ley contiene una medida de «política de realidad», y no es una propuesta vacía o inaplicable. La senadora parte de la concepción de que «la conciliación no es un problema de la mujer, sino de la persona, ya que nadie tiene que verse obligado a elegir entre tener un trabajo y ocuparse de su familia», que es el mismo punto de partida de la Ley de Conciliación Familiar y Laboral, que, en su opinión, supuso un avance sustancial en este sentido.
Así todo, la senadora navarra considera que la conciliación de la vida familiar y laboral «nos reclama nuevas iniciativas para que las madres, que en la práctica son las personas más afectadas, desarrollen sus carreras profesionales y tengan los hijos que deseen, haciendo compatibles la responsabilidad familiar y la ocupación laboral, porque es una meta posible y deseable en España».
Por último, Salanueva ha recordado que la existencia de estos certificados, a los que el Senado ha dado luz verde, tiene su origen en la propuesta que la Federación de Familias Numerosas, representando a más de doce millones de españoles, presentó al anterior Gobierno central.