La senadora y responsable de asuntos sociales de UPN, Amelia Salanueva, ha afirmado que el proceso para la regularización de inmigrantes ha sido «precipitado, improvisado y sin diálogo, dado que ha venido marcado principalmente por las aportaciones de las organizaciones sindicales y empresariales dando al proyecto una excesiva connotación laboral olvidando la verdadera dimensión social del problema».
Además, ha añadido, «no ha resuelto el problema». Salanueva ha señalado que en España más de un millón de inmigrantes «se han quedado fuera del proceso», a los que habrá que sumar los que continúan llegando, y está pendiente de conocerse cuántas de las solicitudes presentadas se materializan.
Según la senadora regionalista, con este proceso «se puede eliminar parte del empleo sumergido, pero muchos legales seguirán trabajando sin contrato y sin Seguridad Social, como muchos nacionales. Y con el efecto llamada que esto ha supuesto quedan muchas personas sin papeles».
Ha advertido igualmente que a partir de ahora «empieza la verdadera política de inmigración» con controles de flujos, fronteras y mafias, y con atención a la exclusión y a casos de xenofobia.
Ha criticado por ello que desde el Gobierno de la nación se aplique la política «del palo y la zanahoria» cuando, finalizado el proceso de regularización, se indica que «ahora ya no queda más que la inspección a los empresarios y la expulsión de los sin papeles», teniendo en cuenta, además, «que en 2004 sólo se pudieron ejecutar el 26% de las repatriaciones incoadas» por falta de documentación de los inmigrantes o por falta de tratados con sus países.
Con referencia a Navarra, Salanueva ha comentado que en la Comunidad foral el efecto llamada fue anterior a 2004 debido a la gratuidad de la sanidad y la educación para quienes estuvieran empadronados, y su presencia «se ha resuelto bastante bien gracias al esfuerzo de todos».
La senadora ha abogado así por que las personas inmigrantes «se sientan cómodas en esta tierra y aprendamos entre todos a convivir y nos enriquezcamos como comunidad».
Asimismo, ha destacado el compromiso de los regionalistas con el colectivo de inmigrantes y la necesidad de regular una realidad social, «derivada de la pujanza económica alcanzada por España en los últimos 8 años. Somos partidarios de la regulación de dicho colectivo, considerando al mismo desde una perspectiva humana, que tenga en cuenta su realidad como persona».