– La situación es consecuencia de la actuación irresponsable y demagógica de los partidos de la oposición, sostienen los regionalistas
UPN ha afirmado hoy, tras conocer la decisión del Tribunal Constitucional sobre la Ley foral de ayudas extraordinarias a las pensiones de viudedad, que el tiempo le ha dado la razón y que «no se puede engañar a los ciudadanos y ciudadanas navarras que cobran estas pensiones».
Los regionalistas sostienen que la situación «es consecuencia de la actuación irresponsable y demagógica de los partidos de la oposición, que ahora se rasgan las vestiduras, pero que sabían de antemano lo que iba a ocurrir y aun así trataron de engañar y crear falsas expectativas entre un colectivo tan sensible».
UPN ha recordado que «todos los grupos parlamentarios eran sabedores del incierto futuro que le esperaba a la ley foral, puesto que se habían realizado informes jurídicos con resultados contrarios por parte de los servicios del Gobierno de Navarra, del propio Parlamento de Navarra y también del más alto órgano consultivo de la Comunidad foral, como es el Consejo de Navarra».
La formación regionalista asegura que es «consciente» de la situación de «injusticia social y económica» que padecen muchos ciudadanos en la percepción de su pensión de jubilación, «y sobre todo en la pensión de viudedad».
Por ello, explica, «UPN se ha esforzado en buscar soluciones posibles y reales, y no medidas demagógicas de cara a la galería en víspera de elecciones», en referencia a las medidas fiscales aprobadas, «entre las que se incluyen ayudas directas de 75 euros mensuales de las que ya se están beneficiando miles de viudos y viudas de la Comunidad foral».
UPN no se opondrá a que el Parlamento de Navarra se persone en la causa abierta
Los regionalistas han anunciado que «en cualquier caso y aun siendo conscientes de la dificultad existente para que prospere la ley foral en sus actuales términos ante el alto Tribunal, UPN no se opondrá a la personación del Parlamento de Navarra en la causa abierta, así como a la presentación de las correspondientes alegaciones, ya que se trata de la Institución en la que se aprobó la ley, si bien es cierto recalcan – que los propios servicios jurídicos del Parlamento ya han manifestado su opinión contraria sobre el contenido de la misma».