El autor sostiene que urge recuperar la memoria constituyente, pues, según él, «los españoles no merecemos que, por culpa de la irresponsabilidad de unos y la debilidad o la claudicación del actual presidente del Gobierno, volvamos a cosechar un nuevo fracaso colectivo»
A comienzos de 1978, bajo la presidencia de Adolfo Suárez, se reunió el Comité Ejecutivo de UCD para decidir si en la futura Constitución podía o no aceptarse la existencia de «nacionalidades» que serían titulares, junto con las regiones, del derecho a la autonomía.
Nunca he tenido pelos en la lengua, para bien o para mal. En aquel tiempo yo era un joven e impetuoso senador constituyente por Navarra, así que expuse mi opinión con toda crudeza y lealtad. En la Facultad de Derecho, vine a decir, tuve noticia de la acuñación a mediados del siglo XIX del llamado «principio de las nacionalidades»: «Toda nación tiene derecho a convertirse en Estado soberano». Se aplicó en un principio para justificar la unidad de Italia y de Alemania. Pero después sería invocado por los separatistas españoles. Afirmé que en el PNV siempre acabaría por prevalecer su originario ideal de independencia de Euskadi sobre cualquier otra consideración. Concluí que introducir la palabra «nacionalidades» en la Constitución supondría proporcionar a los nacionalismos una importantísima herramienta dialéctica para impulsar la secesión.
Mi intervención fue acogida con algunos gestos de aprobación y alguna felicitación por lo bajo, aunque cuando hablé de los objetivos últimos del PNV advertí caras de escepticismo en ciertos barones del partido. Al final el Comité apoyó la propuesta del presidente Suárez, después de que éste cerrara el debate con una apelación a nuestro «sentido de Estado», pues la propuesta procedía de la minoría catalana, que no se conformaba con convertir Cataluña en una «región autónoma», a pesar de haberlo sido conforme a la Constitución de la II República. Si no se aceptaba su exigencia, advirtió Suárez, «los catalanes» se retirarían de la ponencia constitucional y se abriría una crisis política de imprevisibles consecuencias. Nuestra frágil democracia podría irse al traste si no alcanzábamos el consenso necesario para alumbrar una Constitución de todos y para todos. Reconozco haber sido vencido -aunque no convencido- por tan poderosas razones de Estado y no salvé mi voto. Por lo tanto, soy corresponsable de aquella decisión.
Ahora bien, durante el proceso constituyente se pusieron algunos puntos sobre las íes. En primer lugar, la «indisoluble» unidad de España quedó consagrada como fundamento de la Constitución. La «Nación española» sería considerada como «patria común e indivisible de todos los españoles». Se atribuyó la titularidad de la soberanía -el poder constituyente- al pueblo español. Se reservó al Estado la misión última de garantizar la igualdad básica de todos los españoles en el ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales y la promoción del progreso económico, social y cultural de todos los ciudadanos, lo que implica la posibilidad de definir y ejecutar políticas comunes. A las nacionalidades y regiones se reconoció el derecho a la autonomía, cuyo ejercicio quedaría vinculado al principio de solidaridad. Es decir, en la Constitución de 1978 se diseña una España plural pero no un Estado plurinacional, ni un régimen de soberanía compartida, ni se autoriza a nadie a obtener un estatus de libre asociación. En suma, cuanto suponga o conduzca a una fragmentación de la soberanía es inconstitucional.
También quedó claro que entre los que aceptaran ser definidos como «región» y los que quisieran arrogarse el título de «nacionalidad» no habría diferencia alguna. Regiones y nacionalidades, una vez constituidas en «comunidades autónomas» (expresión que fue una de mis aportaciones -entre bastidores- al texto constitucional), podrían alcanzar el mismo techo competencial, a excepción de las singularidades derivadas de algún «hecho diferencial» (lengua propia, derecho civil secular, foralidad histórica de los territorios de Álava, Guipúzcoa, Vizcaya y Navarra, e insularidad).
Cuando en nombre de la minoría catalana Miguel Roca defendió en el Congreso el artículo 2, definió a España como «nación de naciones». Consciente de que podría acusársele de formular una contradicción en los términos aclaró que se trataba de una «innovación» de la Constitución española sin precedentes en la ciencia política, pero en ningún caso se ponían en cuestión ni la unidad ni la existencia misma de la nación española.
Por supuesto, a nadie otorgó la Constitución el calificativo de «nacionalidades históricas». El hecho de haber plebiscitado en el pasado un estatuto de autonomía, como hicieron durante la II República Cataluña, el País Vasco y Galicia, sirvió de coartada para permitir el acceso inmediato de tales comunidades a la autonomía constitucional del máximo rango institucional y competencial sin recorrer todos y cada uno de los complejos requisitos establecidos en el artículo 151 (que sí hubo de cumplir Andalucía). Pero pretender, como a todas horas reivindica el presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, que de tal hecho se derive un estatus privilegiado en relación con las demás comunidades españolas carece del más elemental respaldo constitucional. Si el régimen republicano hubiera sobrevivido a la Guerra Civil, las demás regiones habrían acabado por plebiscitar estatutos de autonomía. Algunas de ellas habían iniciado ya su tramitación. Resulta por eso grotesco que el catalanismo pretenda alcanzar una situación de privilegio amparándose en la ruptura de la legalidad republicana por la Guerra Civil. Algunas comunidades reclaman ahora ser tenidas como «nación». El PSOE vacila mientras el ministro Montilla se apunta a la idea de España como «nación de naciones». Ocurre que los independentistas de ERC huyen como de la peste ante cualquier alusión a la pertenencia de Cataluña a la nación española. El presidente Rodríguez, atrapado por sus irresponsables compromisos electorales que le obligan a apoyar cualquier cosa que salga del Parlamento catalán, pretende que demos al término nación un valor relativo. No debemos enredarnos por meras cuestiones semánticas, dice. España camina alegre y confiada hacia su propia disolución, muchos españoles piensan que todo esto no va con ellos, pues se trata de un simple juego con el que nos entretenemos los políticos.
En un solo año, el presidente Rodríguez ha arruinado el pacto constitucional de 1978. Urge, pues, recuperar la memoria constituyente. Los españoles no merecemos que, por culpa de la irresponsabilidad de unos y la debilidad o la claudicación del actual presidente del Gobierno, volvamos a cosechar un nuevo fracaso colectivo.