El Gobierno de Navarra ha lanzado un mensaje de tranquilidad a los empresarios navarros tras la polémica decisión del Tribunal Supremo por el fallo en el que anula una parte importante de las normas sobre Sociedades en las haciendas de las provincias vascas. Tanto el presidente Miguel Sanz como el vicepresidente Francisco Iribarren sostienen que la sentencia del Supremo no afecta al Impuesto vigente en Navarra. Ambos han recordado que nadie ha presentado ningún recurso contra la norma Navarra y que, la legislación foral, en todo caso, debería ser revisada por el Constitucional, y no por el Supremo.>
El fallo del Supremo estima que las normas fiscales pueden ser consideradas ayudas de Estado y, por tanto, ser declaradas ilegales si no reciben el beneplácito de Bruselas. De ahí que en la comunidad vecina hayan contemplado que la sentencia elimina de un plumazo su autonomía fiscal. Pero Miguel Sanz ha afirmado que no siente ninguna inquietud ya que el fallo no afecta a Navarra; y ha indicado que, contra la nuestra norma «cualquier recurso debería ser planteado ante el Tribunal Constitucional, porque nuestra capacidad en materia fiscal y tributaria es legislativa y no reglamentaria».
El presidente del Ejecutivo ha recordado que en la Comunidad Foral la autonomía fiscal y tributaria «la venimos ejerciendo con racionalidad y rigor, y al mismo tiempo, desde una lealtad con la normativa fiscal común del Estado, con un único límite, que es el que la presión efectiva global de Navarra sea equivalente a la que soporta cualquier ciudadano en el régimen común. Y eso nos ha evitado muchos recursos». En este sentido ha afirmado que le parece correcto y responsable que el Gobierno vasco utilice el ordenamiento jurídico para recurrir al Constitucional la sentencia del Supremo.
Por otro lado, el vicepresidente navarro, Francisco Iribarren, ha recordado, a su vez, que en la última revisión del Convenio económico «se introdujo un artículo en el que se reconoce que Navarra tiene un sistema tributario propio y puede introducir sus propios tributos», y que el Convenio es de 1969 y por lo tanto es preconstitucional.