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Salanueva (UPN) denuncia la actitud del Gobierno central en el juicio contra Haika, Jarrai y Segi

La senadora por Navarra de UPN Amelia Salanueva consideró hoy que el Gobierno central ha ejercido «una nefasta defensa del Estado de Derecho al no mover un solo dedo» respecto al envío, por parte del Gobierno vasco, de un observador al macro juicio celebrado en la Audiencia Nacional contra las organizaciones y miembros de Haika, Jarrai y Segi por pertenencia a ETA.

En el transcurso de una pregunta oral en el pleno del Senado al titular de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, la senadora navarra calificó de «lamentable» que el consejero de Justicia del Gobierno vasco se haya reunido con varios de los imputados en este proceso, pertenecientes a las citadas asociaciones. Salanueva recalcó que dichas asociaciones se encuentran ilegalizadas por la Justicia, «por la razones que todos conocemos».

Para Salanueva, es propio de una república bananera que el Gobierno Vasco, formado por PNV, EA e IU, «por cierto, socios del PSOE en varios ayuntamientos navarros», haya decidido enviar observadores al citado juicio, «alegando que no se cumplen las garantías judiciales con los imputados». Asimismo, relató que jamás este Ejecutivo ha enviado observadores, ni se ha personado como acusación particular en ninguno de los juicios contra los presuntos asesinos de muchas personas o autoridades que perdieron su vida por la acción terrorista de ETA en el País Vasco.

A juicio de la senadora, decisiones como esta producen directamente dos situaciones muy claras: que las asociaciones ilegalizadas e imputadas por pertenencia a ETA se ven fortalecidas y apoyadas y con un despliegue mediático impresionante, y lo que es más grave, que «las víctimas del terrorismo, representadas en ese macro juicio por dos letrados como acusación, se ven, una vez más, insultadas y agraviadas».

«Y ante un asunto tan grave como que el Gobierno del País Vasco cuestione públicamente que no se cumplan las garantías judiciales, las libertades y los derechos procesales de cualquier persona imputada, asegurada por jueces, fiscales y por el Estado de Derecho, ni el Gobierno a través de su presidente ni el ministro de Justicia han movido un solo dedo», ha denunciado.

Proximidad de los comicios vascos

Salanueva se preguntó si esta omisión e inacción responde a una incapacidad para actuar, o es un intento del Gobierno de no molestar a sus socios nacionalistas y a IU, «máxime teniendo en cuenta la cercanía de las elecciones vascas». «El silencio gubernamental supone un segundo insulto no sólo a las víctimas, sino a todos los ciudadanos españoles. La situación de desamparo de la administración de justicia ha sido grande, y el CGPJ se ha quedado sólo en la defensa del sistema judicial independiente», sentenció.

«Ni una declaración pública, ni una carta entre gobiernos, ni un rechazo expreso a la medida, nada para impedirlo o denunciarlo. Tampoco en este caso el alto comisionado para las Víctimas del Terrorismo ha estado allí, ni siquiera alguna de las más de 20 personas que el Gobierno de Zapatero ha designado para la oficina del Comisionado, han estado en el juicio», lamentó.

Resumiendo, Salanueva apuntó que el Gobierno no ha estado a la altura de las circunstancias y pidió que, en ocasiones futuras, eviten el silencio gubernamental, defiendan con valentía nuestro Estado de Derecho y nuestro sistema de libertades, «porque para construir espacios para la libertad es necesario hablar alto y claro».