El senador regionalista José Cruz Pérez Lapazarán ha aprovechado una pregunta oral en el pleno del Senado para reclamar a la ministra Elena Espinosa «medidas urgentes para compensar a los sectores agrario y ganadero por el encarecimiento del gasóleo». Esta interpelación llega después de que el Gobierno haya ignorado otras iniciativas de Lapazarán aprobadas por la Cámara alta en las que se pedía una actuación del Ejecutivo para «proteger a un sector estratégico que alimenta a todo un país».
Para ello, Lapazarán ha pedido a Espinosa que el Gobierno dialogue con los agricultores como ha hecho con los transportistas esta semana, y añadió que con su pasividad, «el gobierno ha conseguido en pocos meses poner a toda la agricultura en pie de guerra». Pese a la crítica situación de un sector que según el senador, «atraviesa la peor crisis de los últimos 100 años», la ministra «no hace caso de nada, sigue sin responder a ninguna de las cuestiones que le plantea el Senado y mareando la perdiz», señaló el representante de UPN en la cámara alta.
Para solucionar la grave problemática del campo Lapazarán volvió a pedir que se compense al sector agrario, como mínimo redistribuyendo el incremento de la recaudación fiscal producida desde el inicio de la subida de sus precios. El senador navarro hizo hincapié en que mientras las recaudaciones del Gobierno por el IVA sobre el gasoleo B entre los agostos de 2004 y 2005 habían supuesto 95 millones de euros, las ayudas para paliar el encarecimiento del combustible sólo ascendían a 57´2 millones de euros.
Asimismo, exigió que se solicite a la Unión Europea la adopción de otras medidas de apoyo que permitan garantizar la rentabilidad de estos sectores, en tanto se mantenga el actual nivel de precios del petróleo. Y es que el precio del gasóleo se ha incrementado un 48 por ciento en el último año, mientras que el de los productos agrarios no ha variado.
Además, apuntó que si el consumo de gasóleo agrícola es de 1.500 millones de litros anuales, según diferentes fuentes agrarias, la subida de 25 céntimos en un año ha significado un incremento de sobrecoste para los agricultores de 375 millones. «Contrasta esta cifra con la de las ayudas del Gobierno, que se queda en 57 millones», señaló Pérez Lapazarán.