DESDE el inicio de la legislatura, el PSOE se ha conjurado para hacer invisible e inviable en el futuro cualquier tipo de oposición a su gestión y a su poder.Sin duda, el dato clave para entender lo que pasa en España se escribió en junio de 2000, cuando los populares obtuvieron la confianza del pueblo español por mayoría absoluta. Esto lo explica todo porque, una vez conocidas y analizadas las razones de esa victoria aplastante, es evidente que -con el cambio de gobierno- el socialismo desde el primer día se ha dedicado en cuerpo y alma a destruir todo aquello que pudiera favorecer en un momento determinado al centro-derecha para devolverle al poder nuevamente.
Sin duda, la independencia de la justicia y el eficaz juego de contrapesos que reconoce nuestra Constitución al poder judicial se percibe en el PSOE como un riesgo para sus planes de perpetuación.
A este objetivo responden no sólo la actual campaña de acoso político a través del Parlamento al máximo responsable de los jueces, sino también los cambios normativos para mediatizar las decisiones de los órganos de gobierno de los jueces con relación a los nombramientos internos; el deseo perfectamente visible de deshacer al poder judicial de su unidad («la unión hace la fuerza») o las medidas, impulsadas por este gobierno, para impedir la independencia de los jueces a través de la llamada «Justicia de proximidad».
Nadie es capaz de explicar públicamente por qué un desahucio, una tercería de dominio, o un pleito de cuantía menor de 3.000 euros no pueden ser juzgados por un juez profesional de carrera. O ¿por qué es más próxima la justicia impartida por un abogado que por un juez profesional?, o simplemente ¿qué es lo que la hace más próxima al ciudadano con el nuevo sistema propuesto? O más lejos aún, ¿se puede afirmar que el ser último del ejercicio de juzgar es que éste sea próximo o que responda -como yo creo que debe ser- a unos mínimos criterios de calidad técnica, rapidez e independencia y, por supuesto, desvinculación de otros condicionantes que no sean los hechos, las pruebas y la ley?
En el Proyecto inicial del gobierno socialista incluso los jueces de proximidad tenían que ser elegidos de entre una terna propuesta por los alcaldes y desarrollaban su actividad durante 9 años con carácter temporal, antes de poder acceder a la carrera judicial. El proyecto actual elimina la evidente intromisión de esta «elección política» pero mantiene la desprofesionalización y temporalidad en el desempeño de la función judicial, y la valoración como mérito del «conocimiento de la lengua y derecho propio de la Comunidad Autónoma donde se halle el municipio».
El gobierno socialista no quiere ni jueces profesionales inamovibles e independientes ni un poder judicial fuerte y unido que lo pueda controlar en sus extravíos. Si no ¿cómo se entiende todo este camino sin sentido?
Me temo que con esta reforma se consagra la ruptura del principio de igualdad en beneficio de las tesis de sus socios separatistas y se articula un procedimiento de acceso a la condición de juez con el cual, eludiendo los trámites de ingreso tradicional – a través de los cuales, por lo visto, no acceden jueces del gusto del PSOE-, se facilitará la entrada y posterior fidelización de unos jueces a la medida del poder establecido. Al tiempo.