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En torno a la ilegalización de Batasuna

Debe quedar meridianamente claro que la única responsable de su posible suspensión e ilegalización es la propia Batasuna. Desde su fundación, primero Herri Batasuna, después Euskal Herritarrok y ahora Batasuna, han venido vulnerando los principios esenciales de la convivencia democrática y contribuido activamente al mantenimiento de la actividad criminal de ETA. Han hecho constante apología del terrorismo y ensalzan como «gudaris» y patriotas valerosos a los asesinos de la banda terrorista. Utilizan sus sedes para organizar y dirigir las acciones de lucha callejera, complemento indisoluble de la acción de ETA, y que tantos estragos ha causado. Predican el odio contra todo aquel que consideren enemigo de la Euskal Herria que quieren construir a sangre y fuego. Realizan una permanente campaña de acoso y desprestigio contra los cuerpos policiales, incluida la policía autónoma vasca a cuyos agentes desprecian como «cipayos». Insultan y amenazan a los cargos electos de partidos no nacionalistas, e incluso justifican su crimen por considerarlos colaboracionistas y cómplices de los enemigos del pueblo vasco así como responsables de la prolongación del conflicto y del genocidio perpetrado por el Estado. Injurian a las más altas magistraturas y, siempre que pueden, menosprecian y aun destruyen los símbolos de la nación. Potencian el efecto de limpieza étnica o expulsión del País Vasco de los discrepantes que generan las acciones terroristas. Participan en la recaudación del impuesto revolucionario y se ocupan del blanqueo del dinero negro. Recopilan información sobre potenciales objetivos de la banda terroristas como son cargos políticos, jueces, militares, empresarios. Incluyen a terroristas en sus listas electorales. En los municipios gobernados por Batasuna han implantado una auténtica dictadura totalitaria, donde se alienta la insumisión cívica y se hace añicos toda expresión del pluralismo político. Batasuna constituye, en una palabra, una pieza fundamental para la extensión del terror en el conjunto de la sociedad. No es otra cosa que una gigantesca máquina de delincuencia.
Es radicalmente falso que se pretenda criminalizar las ideas nacionalistas. La Ley de Partidos Políticos garantiza el libre ejercicio del derecho de asociación para la defensa de cualquier idea política, incluida la reclamación de la independencia, siempre que se exprese por procedimientos democráticos, se rechace la violencia como método de acción política y se manifieste el compromiso de respetar las libertades y derechos fundamentales.

No es cierto que se condene a la muerte civil a varios miles de electores vascos y navarros. Nadie les va a negar ni el derecho a votar a partidos independentistas no comprometidos con ETA ni el derecho a constituir partidos políticos de izquierda «abertzale» de comportamiento democrático. Lo único que se pretende impedir es que una banda terrorista extienda sus tentáculos para asfixiar las instituciones democráticas, beneficiándose incluso de fondos públicos para su actuación de cobertura del terrorismo.

Después de la promulgación de la Ley de Partidos Batasuna pudo haber rectificado su trayectoria y evitado su posible ilegalización. Le hubiera bastado con haber hecho una declaración pública, acompañada por los hechos, de rechazo de la violencia terrorista y de aceptación de las reglas del juego democrático. En su lugar, ha optado por mantener sus habituales señas de identidad elevando el tono de sus amenazas y de sus insultos. Pues han de saber que la sociedad democrática y el Estado de Derecho les va a hacer frente y que prevalecerá el imperio de la ley. Ni el pueblo vasco ni el pueblo navarro se sienten representados, en su inmensa mayoría, por ese conjunto de fundamentalistas fanáticos cuya única fuerza es el crimen cobarde y alevoso contra personas inocentes. La sociedad española ha dicho «basta ya» y exige el cumplimiento de la ley para evitar que los derechos democráticos se utilicen para destruir la propia democracia.

Un juez valeroso ha abierto el camino establecido en las leyes penales. Y las Cortes han desarrollado los preceptos constitucionales en materia de partidos para evitar la utilización espuria del derecho de asociación política. Ambas iniciativas son distintas, pero convergen en el mismo objetivo. Este es el camino correcto. Aunque no resulte fácil y pueda ser doloroso, lo exige la causa de la libertad y del respeto a la vida y a la dignidad de todos los ciudadanos.