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El silencio del Gobierno ZP

El pasado mes de febrero se inició en la Audiencia Nacional el juicio contra Haika, Jarrai y Segi, asociaciones del entorno proetarra, que ya fueron ilegalizadas por los tribunales, como consecuencia de la Ley de Partidos. Las personas imputadas miembros de dichas asociaciones lo están por integración o colaboración con la banda terrorista ETA, y se enfrentan a penas de 542 años de prisión solicitada por el fiscal y a 878 años de prisión solicitada por la acusación particular. >

Todos y especialmente quienes vivimos en Navarra o en el País Vasco sabemos qué representan esas asociaciones y otras muchas que sirven a la estrategia de los terroristas. Sin embargo, es a la Justicia a quien corresponde investigar, instruir y tramitar el correspondiente proceso judicial para que todo el peso de la ley y el derecho se aplique con las debidas garantías democráticas.

No parece que el Gobierno vasco sea de la misma opinión porque en dos acciones sin precedentes su consejero de Justicia ha echado un órdago al Estado de derecho. La primera, reunirse antes de iniciarse el proceso con varios de los imputados, acordando posteriormente, y ésta sería la segunda, enviar «observadores» a la vista oral.

Esto es una afrenta clara, una provocación muy típica del nacionalismo vasco contra nuestro sistema político y judicial, al que por cierto, les guste o no, ellos también pertenecen y participan.

Es repugnante la actuación del Gobierno vasco, es decir, de PNV, EA e IU, no sólo por pretender hacer creer que estamos como en una república bananera, antidemocrática y carente de garantías, sino de manera especial por el desprecio y agravio que supone para las víctimas del terrorismo de ETA. Jamás enviaron «observadores» a los juicios contra los asesinos de esas víctimas, tampoco apoyo ni cariño; es más, las migajas que les daban del Presupuesto se las han comido ya los grajos.

El Consejo General del Poder Judicial criticó y censuró la medida recordando que España es uno de los países del mundo que ostenta un sistema de garantías de los derechos fundamentales más avanzados, y que la decisión del Gobierno vasco supone un cuestionamiento del poder judicial, y un intento de descrédito ante la opinión pública.

Falta compromiso

Ya sabemos desde hace mucho tiempo de qué lado se encuentra el Gobierno vasco, pero, si tuviera un poco de dignidad, lo que tenía que haber hecho era comprometerse con más firmeza para evitar que gran parte de su pueblo y de sus representantes político pueda por fin vivir en libertad, sin miedo a opinar, expresarse, presentarse a unas elecciones, sin necesidad de ir permanentemente escoltados. Ahí está el verdadero déficit democrático, la continua vulneración de derechos fundamentales. Pero eso parece que no importa; es mejor engordar a la bestia.

Si todo esto carece de sentido, el silencio gubernamental al respecto hace sangrar más la herida de la ignominia, porque el gobierno de Zapatero ha permanecido impasible como si no fueran con él las cosas. Ni una sencilla declaración pública criticando la decisión del Gobierno vasco, ni una misiva entre gobiernos solicitando sentido común y respeto, y lo que es peor, en esta ocasión el Alto Comisionado para las Víctimas del Terrorismo tampoco estuvo allí. La inacción y el silencio de ZP, motivados seguramente por la proximidad de las elecciones vascas supone un insulto más no sólo a las víctimas sino a todos los ciudadanos españoles.

El gobierno de todos los españoles no ha estado a la altura de las circunstancias en este macroproceso. Sólo espero y deseo que para ocasiones futuras eviten el silencio gubernamental, defiendan con valentía nuestro Estado de derecho y nuestro sistema de libertades, porque para construir espacios para la libertad es necesario hablar alto y claro.