El autor, diputado de UPN y miembro de la Comisión del 11-M, considera inexplicable que, habiendo tantas preguntas sin respuesta, el Parlamento haya decidido no indagar más para aclarar aquella tragedia. La escasa investigación sobre el papel que Kalaji -el policía español de origen sirio- tuvo en la masacre le hace preguntarse: «¿Alguien teme que aparezca por alguna esquina la infame conspiración interior?».
La apertura de 141 tomos -poco más de 50.000 folios- del sumario del 11-M permite conocer los entresijos de la investigación llevada a cabo por el juez Del Olmo desde aquel fatídico día que cambió la Historia de España. Es tal la avalancha de datos disponible que todavía es prematuro sacar conclusiones de casi nada. Pero el examen del sumario, en mi caso a salto de mata, me permite formular una primera aseveración: el juez Del Olmo parece haber estado esperando al cierre de la Comisión del 11-M para proceder al levantamiento del secreto sumarial.
No denuncio una estrategia pactada con el Gobierno, pero algunas de las manifestaciones ante la Comisión del presidente Rodríguez Zapatero -todo está claro, y si no lo está, ya lo aclarará el juez- podrían fundamentar tal aserto. También puede ocurrir que la cosa sea más simple. Al juez Del Olmo, sencillamente, le molestaba la existencia de una Comisión que podía competir con él en la investigación.
En medios de la Audiencia Nacional le atribuyen haber dicho que él no estaba ni para limpiar Asturias de explosivos ni para resolver ajustes de cuentas en la Guardia Civil. Sea lo que fuere, si se dio a conocer a la Comisión los 35 primeros tomos del sumario con las actuaciones realizadas hasta el 28 de abril de 2004, no hay razón objetiva alguna para haberle negado los siguientes.Si el juez hubiera anticipado un par de meses su última decisión de apertura del sumario, el 30 de junio el Congreso de los Diputados se habría ido, sin duda, de vacaciones, pero no habría podido guillotinar la Comisión de Investigación.
Los periódicos -y, de un modo particular, EL MUNDO- vienen haciendo un expurgo, no muy sistemático, de cuanto van encontrando en el filón informativo contenido en el sumario. El resultado de todo esto es que cuanto más sabemos, mayor es el grado de incertidumbre sobre lo ocurrido.
El Gobierno y el resto del arco parlamentario, salvo el PP, justificaron el cierre de la Comisión alegando que las dudas que pudieran plantearse quedarían resueltas en sede judicial. Craso error.El juez está empeñado, sin duda, en tratar de desentrañar la responsabilidad penal de los autores de la masacre, de sus cómplices y encubridores. Quizá su escepticismo sobre las posibilidades de descubrir la autoría intelectual haya decrecido un punto al conocer la noticia de la detención en Serbia de Abdelmajid Bouchar, uno de los presuntos autores materiales. Porque, habida cuenta del silencio culpable o inocente de Jamal Zougam, el resto de quienes podrían ser acusados de haber colocado las mochilas en los trenes no podrá ser objeto de interrogatorio por parte del juez Del Olmo por la sencilla razón de que han muerto todos.
Si al final del proceso instructor el juez consigue enhebrar una acusación fundada contra las numerosas personas acusadas por la Policía de ser inductores o colaboradores de los atentados, tal vez podamos ver sentado en el banquillo a un montón de personajes secundarios de la gran tragedia, pero dudo de que obtengamos respuesta a los principales interrogantes planteados.
Porque el juez Del Olmo debería dar respuesta, y no parece dispuesto a ello, al igual que el Gobierno, a la gran pregunta del 11-M: cómo es posible que todos los implicados o relacionados con la tragedia, absolutamente todos, o eran confidentes de la Guardia Civil, de la Policía o del CNI, o estaban estrechamente vigilados bien por el juez Garzón, a instancias de la UCIE, o bien por otros juzgados de Madrid, a iniciativa de la Udyco.
Que nadie espere -y me sorprende la ingenuidad del presidente de la Comisión del 11-M, aunque no tanto la del director general de la Guardia Civil, el general Arruche- que en el Juzgado número 6 de la Audiencia Nacional se depuren responsabilidades por el delito de mentir con todo descaro en el Congreso. ¿Por qué exigir al juez Del Olmo lo que, de manera vergonzosa, no quiso hacer la propia Comisión al rechazar la petición de nueva comparecencia del coronel Hernando, jefe de la UCO, y de sus subordinados para contrastar sus afirmaciones con la versión del general Laguna y la de otros mandos asturianos?
Alegó también el PSOE que la investigación ordenada por el fiscal general del Estado pondría al descubierto todo lo acontecido en Asturias respecto al funcionamiento de los Cuerpos de Seguridad, asunto que, por cierto, entra de lleno en las funciones constitucionales del Congreso de los Diputados. Muy poco hay sobre todo esto en el sumario, pero lo poco que hay pulveriza el informe del fiscal jefe de Asturias. Por falta de diligencia, por incompetencia, por celos, por desorganización o por todo al mismo tiempo, lo cierto es que quienes tanto en la Guardia Civil como en la Policía tuvieron la posibilidad y el deber de evitar el atentado no lo hicieron.
Recuerdo haber dicho en la Comisión que el rechazo de la mayoría gubernamental a investigar alimentaba cualquier hipótesis sobre el atentado, incluida una posible e infame conspiración interior que yo rechazaba de plano. Pues bien -y entramos en las últimas revelaciones-, asuntos como el de la implicación de un miembro de la Policía en la liberación de los teléfonos móviles utilizados por los terroristas no contribuyen precisamente a tranquilizar a los ciudadanos que piensan, y con razón, que el 11-M no es todavía un capítulo cerrado de nuestra reciente Historia.
Allá por los años 80, un joven sirio llamado Ayman Maussili Kalaji, técnico en electrónica, pidió asilo político en España. A pesar de su juventud, este militante del Partido Comunista había tenido tiempo de combatir en el Líbano -al menos es lo que acreditó- contra sirios e israelíes en el por aquel entonces romántico y marxista-leninista campo de la resistencia palestina. Acabó en 1979, con 20 años tan sólo, como segundo comandante de una base de misiles tierra-aire del Frente Democrático de Liberación de Palestina, al sur de Beirut.
Fue entonces cuando decidió cambiar la lucha armada por el exilio en España [curiosamente, un ordenador encontrado en el piso que reventó en Leganés y que podría ser de El Tunecino, pues éste iba con su portátil a todas partes, estaba plagado de informaciones sobre el cruento enfrentamiento sirio-palestino ocurrido entre los años 1976 y 1988. Esto podría acrecentar la sospecha de la existencia de relaciones personales de Kalaji con los terroristas].
Una gravísima ocultación
La primera petición de asilo fue denegada por el Ministerio del Interior. Pero Kalaji insistió y aportó nuevas pruebas de su implicación en el conflicto palestino y la enemistad del régimen sirio contra él. Por fin, el 11 de diciembre de 1981, consiguió el estatus de refugiado político. Comenzó a trabajar para la Policía como traductor y poco después logró ingresar en ella.Pronto se ganó la confianza de sus superiores por sus actuaciones frente al terrorismo islamista. Hasta el propio juez Garzón requirió sus servicios y por eso se le destinó a la Brigada Provincial de Policía Judicial en Madrid.
Todas estas cosas, y muchas más, figuran en el informe elaborado por la Comisaría General de Información (íntegramente reproducido por EL MUNDO en su edición del 23 de agosto) y remitido al juez Del Olmo el día 20 de mayo pasado. Pero este informe nunca habría llegado a conocimiento del Juzgado número 6 de la Audiencia Nacional si no llega a ser porque Antonio Rubio, del equipo investigador de este periódico, descubrió y publicó el 17 de mayo de 2005 que la tienda de telefonía Test Ayman, donde se habían liberado los teléfonos móviles supuestamente utilizados en la masacre, pertenecía a Ayman Maussili Kalaji, al que se presentaba como un policía español de origen sirio especializado en la lucha contra los grupos islamistas, entre los que se movía como pez en el agua.
La iniciativa de este informe policial no nace del Juzgado, sino de la propia Comisaría General de Información. Telesforo Rubio, sin que nadie se lo pida, se ve en la obligación de dar al juez Del Olmo explicaciones sobre la escandalosa noticia aparecida en el diario EL MUNDO. Sin duda, el comisario general no las tenía todas consigo y trataba de curarse en salud, porque el descubrimiento de este diario ponía de manifiesto que, durante más de un año, la Policía había ocultado al juez la condición de Maussili Kalaji como miembro destacado de la Policía Judicial de Madrid.
Pero había algo aún peor. La Policía había ocultado hasta ese momento al juez sus sospechas de que Kalaji podía haber sido el autor no sólo de la liberación de los teléfonos, sino de haber hecho la conexión a los detonadores, operación técnicamente delicada e imprescindible para su utilización como temporizadores. Ni los intelectuales del comando de Lavapiés (El Tunecino, El Egipcio o Lamari), ni los mercenarios de El Chino, ni los asturianos vendedores de los explosivos tenían capacidad para hacerlo.
Recuérdese el espontáneo reconocimiento del tedax que desactivó la misteriosa decimotercera mochila bomba hallada en la comisaría de Vallecas: «El tipo que montó las bombas del 11-M era muy bueno, sabía bien lo que hacía».
Al final de su informe al juez, el comisario general de Información apunta sin contemplaciones a Kalaji: «Se considera conveniente la práctica de investigaciones más profundas sobre su persona, actividades y relaciones, no descartando la detención del mismo y registro de su domicilio y taller». Es indudable que la Comisaría General de Información no pudo llegar a esta conclusión en menos de 72 horas, que fue el tiempo que hubo entre la publicación de las revelaciones de EL MUNDO y la remisión del informe al Juzgado.
Preguntas sin respuesta
Por otra parte, Kalaji tendría motivos para estar más que preocupado.En plena vorágine investigadora para descubrir a los autores de la masacre, a las 23.45 horas del día 16 de marzo de 2004 se presentó ante el instructor policial para hacer una sospechosa declaración voluntaria. En la diligencia policial consta que cuando se le preguntó por su lugar de trabajo, Kalaji respondió «que trabaja en la empresa Test Ayman SL», de la que era administrador único. En ningún momento aludió a su condición de funcionario del Cuerpo Nacional de Policía con destino en la Brigada de Policía Judicial de Madrid.
Surgen así nuevas preguntas sin respuesta, al menos por ahora.¿Por qué ocultó Kalaji que era policía? ¿Conocía el instructor que quien declaraba ante él y confesaba que en su tienda se había liberado el móvil encontrado en la decimotercera mochila era compañero suyo? ¿Pudo ser esta comparecencia a hora tan intempestiva fruto de un soplo sobre la marcha de las investigaciones? ¿Investigó la Comisaría General de Información si Kalaji había mantenido relación estrecha antes del 11-M con los más caracterizados miembros de la célula islamista como El Egipcio y El Tunecino?
¿Estaba al corriente Kalaji de las denuncias formuladas en enero de 2003 por la esposa del sirio Mouhannad Almallah, sobre las intenciones homicidas de su íntimo amigo El Tunecino? ¿Le comentó alguna vez su propia hermana, traductora de árabe en la UCIE, cómo ella había alertado a sus superiores sobre la peligrosidad del islamista, sin que en apariencia nadie le hiciera el menor caso? ¿Fue Kalaji quien recomendó a Mouhannad Almallah, actualmente en prisión acusado de colaboración con banda armada, que ingresara en el PSOE después de quedar en libertad tras su primera detención? ¿Mantenía Kalaji alguna relación con miembros destacados del PSOE o con alguno de sus antiguos responsables políticos en el Ministerio del Interior?
¿Tuvo acceso Kalaji a las confidencias del imam Cartagena al juez Garzón y a las de otros confidentes que informaron a la UCIE sobre las intenciones de los islamistas? ¿Mantuvo algún contacto con El Chino? ¿Qué hizo Kalaji después de cometido el atentado? ¿Por qué cuando testifica ante Del Olmo vuelve a ocultar su condición de policía? ¿Estaba la UCO al corriente de todo esto? ¿Había alguna operación policial en marcha que pudo írseles de las manos a sus promotores?
¿Qué pasaría si todas estas sospechas se confirmaran y resultara que Kalaji, solo o en compañía de otros, hubiera sido la piedra angular del 11-M? En un país con tradición democrática, las habría y muchas. Aquí lo dudo, porque la flota mediática al servicio del Gobierno ha conseguido ganar la batalla de la opinión pública y transmitir la idea de que el PP sólo pretende lamerse las heridas producidas por su derrota electoral.
Cuando el juez Del Olmo se dio por enterado del documento elaborado por la Comisaría General de Información sobre Kalaji, cosa que ocurrió el 23 de mayo de 2005, tomó la decisión de recabar informe al Ministerio Fiscal. No sabemos si éste hizo su trabajo y, si ha sido así, en qué términos se ha producido. Tampoco conocemos si el juez ha salido de su aparente letargo. Al menos no hay huella de ello hasta el folio 52.110 del tomo 141, cerrado al 15 de junio de 2005 y último de los del sumario abiertos por Del Olmo.
Lo único cierto es que, a día de hoy, el policía Kalaji se encuentra de baja por depresión sin que al parecer pese sobre él ninguna medida cautelar. Habrá que seguir dando la batalla en el ámbito político. El Grupo Popular solicitó en mayo de 2005 la comparecencia del ministro del Interior para informar sobre Kalaji. Alonso no se ha sentido obligado a informar ni al Parlamento ni a la opinión pública.Y eso es un escándalo. Reclamaremos la reapertura de la Comisión.
Mientras tanto, las preguntas surgen de forma inevitable. ¿Por qué tanta opacidad? ¿Alguien teme que aparezca por alguna esquina la infame conspiración interior? No seré yo quien lo afirme.Tan sólo me limito a denunciar el clamoroso silencio del sumario