Descargas

Discurso del Presidente de Navarra durante el debate sobre el Estado de las Autonomías

Señor Presidente del Senado, Señor Presidente del Gobierno, Señores Presidentes de los Gobiernos de las Comunidades y Ciudades Autónomas, señorías.

Reanudamos tras un paréntesis de ocho años, el debate sobre el Estado de las Autonomías y nos encontramos, con un horizonte algo diferente del existente en 1997, que sería prolijo narrar aquí y ahora.

Diversidad de acontecimientos y problemas jalonan la España constitucional de 2005, algunos de ellos necesitados de ser abordados con cordura, sensatez y sentido de estado.

Las reformas estatutarias y la constitucional se dan en estos días la mano, con el trasfondo de la consideración de nuestra Nación como un Estado plurinacional, que lleva a algunos a forzar una interpretación de la Constitución de 1978 en clave federal o como ocurrió hace escasos meses en el Congreso a examinar una propuesta de corte confederal.

El fin legítimo de poder reformar los Estatutos de Autonomía no justifica, la puesta en cuestión de los cimientos del Estado Autonómico que tanto costó configurar y con el que Navarra, se siente en términos generales, cómoda.

Desde Navarra estamos asistiendo expectantes a la resolución de un proceso que no acabamos de entender. No sabemos si se trata de una redefinición del modelo autonómico que lleva soterrada una reforma financiera de amplio calado, o una reforma financiera que lleva soterrada una reforma constitucional, o al menos institucional, de profundos impactos políticos, quizás no suficientemente medidos, o lo que sería peor, muy medidos por alguna parte pero no por todas las intervinientes en el debate.

Es por ello, que desde Navarra, y desde el profundo respeto a los anhelos competenciales de otras Autonomías, pero también desde la perspectiva que nos da ser una Comunidad con un amplio historial competencial, fruto de nuestra foralidad, queremos hacer dos aportaciones y alguna reflexión.

La primera de ellas hace referencia a la necesidad de que el ciudadano recupere el papel protagonista en el desarrollo de las políticas públicas y la definición del modelo territorial. Sólo la mejora del servicio a los ciudadanos, a todos los ciudadanos, justifica el avance a otros modelos de convivencia política. Sólo si desde el ámbito autonómico somos más eficaces, más efectivos, más certeros, estaremos legitimados para reclamar nuevas competencias. No se trata, por tanto, de reivindicar viejos derechos históricos, sino de justificar con hechos que el nivel de vida, el desarrollo económico y social de nuestros ciudadanos, mejora con políticas más próximas, más cercanas.

Navarra así lo ha venido haciendo, y sus parámetros e indicadores económicos y sociales lo atestiguan. Los navarros siempre hemos mantenido nuestros Fueros y nuestro Régimen Económico-financiero, pero no siempre hemos estado a la cabeza del bienestar en España. Navarra se apoya en su historia, pero no como elemento separador, sino como conjunto de experiencias de nuestro pasado que nos ayudan a proyectar mejor un futuro en común con el resto de España.

Pero eso sí, y será mi segunda aportación, este futuro común con España queremos abordarlo desde la Lealtad. La bilateralidad exige confianza mutua, respeto, capacidad de pacto y negociación, consenso, diálogo y reciprocidad. No es posible avanzar en nuevos modelos territoriales echándonos los unos a los otros «patatas calientes», o desde la intencionalidad de una de las partes de sacar ventaja sobre las otras, aprovechándose de coyunturas políticas determinadas.

Mi reflexión se centra en la Solidaridad. Como saben ustedes, los navarros aportamos al sostenimiento de las cargas generales del Estado en función de nuestra renta y no de nuestra población. El año 2006, cada navarro aportará cerca de 1.000 € al Estado, después de haberse pagado su educación, su salud, sus sistemas de asistencia y protección social, su desarrollo cultural, económico y tecnológico, su acceso a la vivienda, sus carreteras, etc. Casi 600 millones de euros, un 4% del PIB navarro, se transferirá de las arcas forales a las estatales. A cambio recibiremos poco más de 25 millones en concepto de inversiones del Estado en Navarra.

Pero además, cerca de otro 3,5% del PIB navarro, unos 500 millones de euros, se aportarán por los navarros, como contribución neta al equilibrio de las cuentas estatales, a través de la Seguridad Social. Y este no es un dato aislado, referido a un año concreto. Los años 2000, 01, 02, 03 responden con contribuciones similares netas a la Seguridad Social.

En resumen, cada hogar navarro aportará entre 7.000 y 8.000 euros a políticas comunes dentro de España.

Navarra es, y quiere seguir siendo, solidaria con todos los pueblos de España. Y también con los de fuera de ella, como ya lo hace a través de la aportación del 0,7% de su presupuesto a políticas de cooperación al desarrollo.

Eso si, Presidente, somos solidarios, pero también exigentes en el empleo de esos fondos públicos. No nos interesa promover de manera permanente discursos identitarios. Los navarros no necesitamos ser distintos o diferentes del resto de españoles, pero exigimos ser distinguidos y reconocidos por nuestra contribución al sostenimiento de la unidad constitucional, solidaridad nacional y convivencia pacífica y democrática del conjunto de España, soportando en primera línea los embates del terrorismo y las presiones de los separatistas.

Por eso, Sr. Presidente, seguiremos exigiendo el cumplimiento de los compromisos alcanzados con el Ministerio de Fomento en el año 2002 en infraestructuras productivas y sociales de interés general.

Navarra ha cumplido con los suyos a día de hoy, habiendo ejecutado el 60 % de las infraestructuras (inversión prevista 930 M€) El Estado apenas ha ejecutado el 3% de los suyos.

Las Autovías de la N-1 y N-232, Pamplona-Logroño y Pamplona-Jaca, o la Autopista A-15 a su paso por Navarra son hoy una realidad. Sus conexiones con las Comunidades limítrofes (Aragón, La Rioja, Castilla-León) no son ni tan siquiera proyectos.

El Corredor navarro de Alta Velocidad ni tan siquiera merece la atención en el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para iniciar la redacción del Proyecto. Y aquí quiero reflejar algo que considero de justicia y donde pondré todo mi empeño en conseguir un trato de igualdad en el desarrollo de esta infraestructura ferroviaria, clave para nuestra economía y la del conjunto de España en sus comunicaciones con Europa.

Todos hemos tenido la oportunidad de leer el previsible acuerdo del Gobierno Central de España y el Gobierno de la Comunidad Autónoma Vasca para que éste ejecute la llamada «Y Vasca» y se deduzca su costo del cupo. El mismo trato y el mismo compromiso exige Navarra para el Corredor navarro de Alta Velocidad, formalizando el acuerdo a través del Convenio Económico, de ejecutar la obra y deducir su costo de la aportación a las cargas generales del Estado.

En resumen, Presidente, lealtad mutua, igualdad y solidaridad.

Navarra es foral porque así lo han querido siempre sus ciudadanos, que ha asumido su peculiar sistema con compromiso y responsabilidad. Pero lo es también por el apoyo y respeto que el régimen foral ha tenido siempre desde las Instituciones del Estado, al margen de las ideologías políticas o diferentes regímenes que se encontraron al frente de las mismas.

Le aseguro, Presidente, que cualquier esfuerzo que se haga en el entendimiento de las dos formaciones llamadas a la alternancia en el Gobierno de España, PP y PSOE, a la hora de definir el modelo territorial, habrá merecido la pena. Cualquier acuerdo que deje al margen a quien representa por sí sólo el 40 % de la sociedad española y el poder político de 7 CC.AA., será un error histórico de imprevisibles consecuencias.

Desde nuestra posición, Sr. Presidente, no consideramos que la forma organizativa del Estado sea tal dúctil que permita cualquier ejercicio de encaje estatutario, haciendo de nuestra Carta Magna una Constitución semántica que no responda a su modelo inicial. La reforma estatutaria no permite ni ejercicios de malabarismo institucional o competencial, ni proclamas dogmáticas de derechos al modo de las Constituciones.

Navarra, Sr. Presidente, es autonomista y foral por definición, pero quiere que el Estado sobre el que se asiente la Nación española, sea lo suficientemente solidario y dotado de la legitimidad y resortes suficientes, que le permitan poder estar presente en el proceso de construcción europea con la dimensión y la auctoritas necesarias en el concierto de los Estados miembros de la Unión. Y también con la presencia en la Comunidad Internacional que su potencial industrial y económico le permiten, especialmente en sus relaciones con la Comunidad Iberoamericana de naciones.

Todo ello no impide, desde luego, que la formación de la voluntad del Estado en el marco del Estado de las Autonomías requiera cambios necesarios que hagan coparticipes a las Comunidades afectadas, ni que el entendimiento de un campo para el despliegue de cierta actividad exterior de las Comunidades Autónomas sea asumido y respaldado con naturalidad por el propio Estado.

No todos los ajustes que requieren un mejor funcionamiento del Estado Autonómico, exigen retoques constitucionales.

No lo requiere, aunque sea muy necesario, el dar fijeza y estabilidad, de una vez por todas, al sistema de financiación de las Comunidades que se rigen por el llamado sistema LOFCA, demasiado pendiente del acuerdo coyuntural y de la negociación quinquenal.

Dos de los aspectos de la previsible reforma de la Constitución tienen como fin mejorar el funcionamiento del Estado de las Autonomías. El primero tiene que ver con la recepción constitucional de la denominación de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades Autónomas y, el segundo, con la Reforma del Senado. También seguramente lo que se ha denominado Adaptación de la Constitución al proceso de construcción europea.

Pues bien, en cuanto a lo primero, es decir, «la inclusión de la denominación de las Comunidades Autónomas», el documento aprobado por el Consejo de Ministros señala como justificación de la reforma la necesidad de consolidar los logros alcanzados, reconociendo de forma expresa en nuestra Constitución a los sujetos institucionales que han protagonizado todo ese proceso. Las Comunidades Autónomas -dice- ya no serán sólo una posibilidad constitucional, sino sujetos políticos pertenecientes a la Constitución misma.

En esa línea de razonamiento, quiero transmitir a la Cámara, Sr. Presidente, el deseo de la inmensa mayoría de la ciudadanía navarra de suprimir la Disposición transitoria cuarta de la Constitución, que como saben contempla la posibilidad de incorporar Navarra a la Comunidad Autónoma del País Vasco.

He dicho antes que la Comunidad Foral de Navarra se siente cómoda dentro de la Constitución Española. En primer lugar, porque su identidad y personalidad histórica están recogidas en nuestra Carta Magna y en la legislación de ella derivada y, en segundo lugar, porque consideramos que la solvencia de las instituciones y de la convivencia está basada en la estabilidad legislativa. Tenemos la convicción de que los cambios constitucionales propiciados por coyunturas o intereses partidistas abren un horizonte de incertidumbre cuyos resultados son difíciles de prever..

Decía que la Comunidad Foral de Navarra se siente cómoda dentro de la Constitución Española. Ahora bien, si soplan vientos de reforma, la Comunidad Foral de Navarra, con actitud pragmática, los aprovechará para introducir un cambio que consideramos necesario. Como he anticipado, se trata de la supresión de la Disposición Transitoria Cuarta. Leeré este texto y sus señorías comprobarán el fundamento de nuestra iniciativa:

«En el caso de Navarra, y a efectos de su incorporación al Consejo General Vasco o al régimen autonómico vasco que le sustituya, en lugar de lo que establece el artículo 143 de la Constitución, la iniciativa corresponde al Órgano Foral competente, el cual adoptará su decisión por mayoría de los miembros que lo componen […]».

Evidentemente esta Disposición, al cabo de un cuarto de siglo, ha quedado absolutamente desfasada. Es anacrónica, puesto que ya no existe el Consejo General Vasco, al que alude; por otra parte, el «Órgano Foral competente» está relacionado con una situación de indefinición institucional en Navarra que felizmente fue resuelta, en 1982, con la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra.

Esta Disposición constitucional se ha mostrado absolutamente innecesaria, por no decir inconveniente, como demuestran los hechos. Al cabo de más de un cuarto de siglo de vida parlamentaria en Navarra jamás se ha producido la iniciativa dirigida a poner en funcionamiento el procedimiento establecido en la citada Disposición. La razón es bien sencilla: jamás se ha reunido en la Cámara navarra una mayoría suficiente favorable a la incorporación de la Comunidad Foral de Navarra a la Comunidad Autónoma Vasca.

El ejercicio de la democracia es elocuente y derriba tópicos y lugares comunes interesados: las consultas electorales celebradas en Navarra desde la restauración de la democracia con la Constitución Española de 1978 han sido concluyentes al mostrar en las urnas que la sociedad navarra, mayoritariamente, sin lugar a duda, siempre ha votado por la identidad de Navarra. Dicho de otra manera, siempre ha votado mayoritariamente por los partidos constitucionalistas, por los que mantienen y se sienten cómodos con la declaración del artículo primero de la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra:

«Navarra constituye una Comunidad Foral con régimen, autonomía e instituciones propios, indivisible, integrada en la Nación española y solidaria con todos sus pueblos». No se constituye, constituye (carácter pre-constitucional)

Esta solemne declaración formulada en 1982 sigue vigente para la mayoría de la sociedad navarra, a pesar de la contumacia de una minoría que pretende, desde fuera y desde dentro de la Comunidad Foral, ofrecer una imagen de una Navarra «espontáneamente» dicen unos, «naturalmente» dicen otros, e «históricamente» dicen los más, unida a Euzkadi. Para crear esta imagen vienen interviniendo desde los albores de la democracia, de forma denodada, los partidos y agrupaciones nacionalistas (dentro de los cauces democráticos), y ETA y sus secuaces, fuera de la democracia, con la violencia y el terror. A pesar de todo, la sociedad navarra ha mantenido los principios que resume el artículo primero de su Amejoramiento, que acabo de leer: una Comunidad Foral solidaria con el resto de los pueblos de España.

Repito, si se abre la puerta a las reformas constitucionales, Navarra promoverá la reforma de la Disposición Transitoria Cuarta porque hoy es anacrónica, porque el tiempo transcurrido ha mostrado que es absolutamente innecesaria y, finalmente, porque su redacción obedeció a la necesidad, en aquel entonces, de pactar con el nacionalismo vasco, con Navarra como transacción, para sacar adelante la Constitución Española de 1978. Todos estos motivos hoy carecen de justificación.

En cuanto a los demás temas objeto de reforma constitucional manifiesto, en principio, una actitud de prudente expectación a la espera del Dictamen del Consejo de Estado.

Navarra, Sr. Presidente, dará la bienvenida y su apoyo, como es obvio, a todo sistema de financiación de las CC.AA. que pretendan garantizar la suficiencia y estabilidad del sistema de financiación de las Haciendas Comunitarias y que corresponsabilice en mayor medida de la actualmente existente a las mismas, en las políticas de ingreso y de gasto.

Todo ello en el marco de un sistema que al mismo tiempo asegure la solidaridad entre Comunidades y permita un nivel de prestación de servicios análogos.

Que cada cual defienda sus signos de identidad me parece una norma saludable y necesaria en el marco de nuestro sistema constitucional.

No entra, sin embargo en nuestro caso, entre las legítimas intenciones de perfeccionar nuestro autogobierno, las de pretender constituirnos en Estado ni demandar una estructura confederal para España.

Tampoco hablamos en términos de realidades nacionales ni entendemos la realidad española como constituida por un mosaico de Naciones cuya única interdependencia con España sea la de relacionarse con el cascarón organizativo de un Estado.

Por eso defendemos la viabilidad y continuidad del Estado de la Autonomías, cuya estabilidad y solidaridad le hacen acreedor de un valor común: haber servido para solucionar los problemas territoriales de un Estado complejo y posibilitar la solidaridad entre sus nacionalidades y regiones.

Sr. Presidente, hablar de las reformas territoriales, no debería enturbiar la perspectiva de lo mucho que ha mejorado España, a través de la acción de las Comunidades Autónomas y de la Comunidad Foral de Navarra.

En ese sentido, no debe dejar de decirse bien alto, que la acción territorial de las Comunidades Autónomas ha mejorado la calidad de vida así como las prestaciones en favor de nuestros ciudadanos. También nuestro propio entorno, al poder decirse con legítimo orgullo que no hay rincón de nuestra geografía que no se haya beneficiado de la acción positiva de nuestros gobiernos territoriales.

Conviene por tanto, Sr. Presidente del Gobierno, estar atento a las inquietudes de la España real y no dejarse embaucar por el canto de sirena de alguna clase política que parece poner en cuestión un modelo que ha funcionado razonablemente bien.

Esa mejora objetiva de nuestro nivel de renta y gasto por habitante, las mejoras en infraestructuras, pese a que todavía quede mucho por hacer en algunos casos por desatención del Estado en sus compromisos anteriores, como en el caso de Navarra, no permite hacer experimentos en vano.

No es, sin embargo, el momento de las luchas intestinas, o de enconar los ánimos desde las responsabilidades políticas, sino es el tiempo de consolidar el despegue de lo mucho conseguido. España es un País en el que merece la pena, no sólo vivir, sino luchar y esforzarse por él, sea desde la sensibilidad catalana, vascongada, navarra o cualquier otra.

Los sentimientos de la ciudadanía pueden ser libres, Sr. Presidente, pero los del Estado, no. Su función es garantizar, desde el respeto a la diversidad, la cohesión de la nación española.

En todo este embrollo territorial, puede ser, Sr. Presidente, que el terrorismo haya nublado la vista de algunos. Por eso me siento en la obligación de decir que desde Navarra no admitiremos nunca la fórmula de paz por territorios, ni tampoco paz por soberanía. Tampoco queremos la paz de los que renuncian a lo que no es posible renunciar: la dignidad de las personas que lucharon por ser fieles a sus ideas y que dieron la vida por la democracia y por sus semejantes.

Los objetivos legítimos de cada formación política se han de conquistar, no con la violencia y el chantaje sino a través de las urnas y el voto democrático. Se puede y se debe acabar con ETA, pero desde la fortaleza del Estado y de sus Instituciones y no con negociaciones que debiliten y cuestionen las bases de nuestro Estado de Derecho.

Considero oportuno y trascendente decir aquí, sin ninguna acritud, para que los navarros sepan dónde estamos, que sería conveniente que desde la Presidencia del Gobierno de España se diga si se van a apoyar estrategias de su partido con los nacionalistas separatistas para desbancar legítimamente a UPN del Gobierno de Navarra y hacer desaparecer a Navarra del mapa autonómico. El nacionalismo vasco, entre sus objetivos de territorialidad, pretende integrar Navarra con las provincias vascongadas y otras provincias francesas: integrar en otro ente autonómico implica hacer desaparecer a Navarra del mapa autonómico. No digo que ustedes lo defiendan. Pregunto si se van a apoyar estrategias para desbancar a UPN con partidos que defienden este objetivo.

Este es un asunto que desde Navarra seguimos con especial interés, pero con todo, Sr. Presidente hay aspectos de la vida política que nos parecen graves. Usted ha hecho del talante, programa de gobierno, pero en lo que a Navarra se refiere, no lo acompaña con hechos concretos y compromisos firmes .

Navarra, no tendría hoy el grado de desarrollo económico, político, cultural y social, si la acción de su gobierno hubiese estado lastrada, por beneficiar o ayudar a los amigos y despreciar a los «enemigos» políticos. Tampoco si hubiese dejado monopolizar las políticas sociales en bienestar social, educación, vivienda, o sanidad en defensa del bienestar de sus ciudadanos, en términos clientelares.

Y voy a concluir Sr. Presidente. Me gustaría poder decir que la apuesta arriesgada de su política territorial es asumible por todos los actores del poder autonómico, porque cohesiona el sistema, porque integra a los desintegrados, porque resuelve los problemas más que crearlos.

No parece, sin embargo, Sr. Presidente del Gobierno, que su actual política territorial vaya por esos derroteros, sino antes bien al contrario. Le pedimos, por eso, que rectifique, que lleve a cabo un cambio de rumbo, que cumpla con sus compromisos con Navarra.

Si decide hacerlo, nos encontrará en el diseño de políticas de cambio, que evite los enfrentamientos entre el Estado y las Comunidades y los de estas entre sí. Nos encontrará en la búsqueda de soluciones razonables para todos, en las que cada uno legítimamente piense en el bien de su Comunidad, pero sin dañar o lesionar a los otros. Los otros también son España.

No entienda mi posición como el discurso propio del rival político. No es mi estilo y usted lo ha podido constatar en otros foros de Presidentes Autonómicos. Encuadre mi discurso en el contexto de un navarro decepcionado por no verse correspondido en sus esfuerzos y en el de un español preocupado por el futuro de su País.

Le deseo suerte, Sr. Rodríguez Zapatero, en esta complicada tarea, para buscar soluciones a estos problemas.

Muchas gracias.

Senado, 7 de noviembre de 2005.