ALTO COMISIONADO PARA LAS VICTIMAS>
Reconozco mis dudas, desde el principio, sobre la naturaleza y funciones de la figura del Alto Comisionado para las Víctimas del Terrorismo, por dos motivos: uno por creer que es a ellas, y a sus organizaciones, a las que les corresponde ser los portavoces autorizados de sus reivindicaciones y su memoria, y dos, por creer que la creación de esta figura responde a la consideración equivocada de considerar a todas las víctimas del terrorismo (etarra e islamista) iguales cuando, esencialmente, no lo son.
El paso de su actual titular por la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados el pasado día 24 de febrero para dar cuenta, entre otras, de las líneas generales, objetivos y recursos de su función no ha reducido mi escepticismo.
Y a todo ello se une el que la persona elegida para ejercer las labores de Alto Comisionado, tampoco, a mi juicio, atesora las mejores condiciones para garantizar la máxima dedicación, imparcialidad, independencia y cercanía a las víctimas que correspondería a esta figura institucional de nuevo cuño.
1º Dedicación. La predisposición de su actual titular condicionando su nombramiento al mantenimiento de su actual actividad docente no me pareció lo más oportuno. Se deduce con ello, que la carga de trabajo no será muy elevada, o sea que se tratará de una figura de naturaleza representativa o institucional más que otra cosa. Por eso si esta figura es tan necesaria como alega el gobierno: ¿no sería mejor poner al frente de esta responsabilidad una persona que en exclusiva se dedicara a esta actividad?. Y si no es así ¿necesitan entonces las víctimas realmente que un Alto Comisionado las coordine y/o represente y defienda?
2º Imparcialidad. En el ejercicio de su cargo me parecen poco presentables las razones que hasta ahora, ha venido alegando el Alto Comisionado para acudir o no a los actos de homenaje de las víctimas del terrorismo. No acude a los homenajes del concejal Ordóñez o del matrimonio Jiménez-Becerril pero, en cambio, si acude al homenaje en memoria de Fernando Buesa (lo cual me parece muy bien). Curiosamente unos del PP y el último, como todos sabemos, del PSE-PSOE. ¿Ustedes lo entienden? ¿Si no respeta un mínimo de imparcialidad en su exigua dedicación, entonces ¿realmente cumple la función de «pacificar» las distintas sensibilidades? Y a todo esto: ¿Quién fija los criterios de sus presencias y acompañamientos en los actos de las víctimas?, ¿el Alto Comisionado?, ¿el gobierno?
3º Independencia. Supuestamente con su creación se trataría de canalizar los problemas, necesidades y reclamaciones de los afectados: coordinando y cooperando en la gestión de las ayudas de todo tipo entre las administraciones afectadas; colaborando con las distintas asociaciones de víctimas; evaluando su situación y proponiendo iniciativa legislativas, reglamentarias y materiales para mejorar los mecanismos de información, atención y apoyo de las víctimas. Al menos eso es lo que dice el artículo 2 del Real Decreto 2317/2004 por el que se crea esta figura. Actividades, todas ellas, a través de las cuales esta figura debería coadyuvar a las organizaciones ya existentes.
Cosa distinta es, como yo creo que está pasando, que el Estado o mejor dicho el gobierno de Rodríguez Zapatero- pretenda condicionar su actividad reivindicativa, tutelar sus movimientos y modular sus mensajes.
¿Es casual que la figura del Alto Comisionado, elegida de forma unilateral por el gobierno socialista, tenga tal marcado perfil de partido?. Si existe un interés compartido por las víctimas, ¿porqué el gobierno no dialogó con nadie a la hora de crear la figura y buscar un candidato consensuado?
Desde la atalaya de autoridad «constituyente», que sin duda la tiene el actual Alto Comisionado y bien ganada por cierto- no sería lo más correcto pretender influir, modular, reconducir, moderar, etc … el protagonismo y las inquietudes de las asociaciones de víctimas. ¡Si hasta se ha permitido decirles a los representantes de la AVT que, aún reconociendo que ellos son los verdaderos pagadores del terror, tendrán que admitir algunas cesiones que sin duda son inevitables en la resolución del fenómeno terrorista etarra¡.¡Y no contento con decírselo luego lo niega!
El que el Alto Comisionado, no sea independiente, no es cuestión baladí porque el Estado (salvo en el País Vasco por obvias razones) sigue siendo el primer soporte de estas asociaciones y, al final, tiene sartén, mango y aceite para cocinar el futuro de la actividad de cada una de ellas. Si el Alto Comisionado es un mandado del gobierno también en esta cuestión y ese va a ser papel fundamental, no va a ser de gran ayuda. Para esto ya están las distintas instancias administrativas donde se gestionan, con eficacia por cierto, las ayudas y atención a las víctimas. Pretender rebautizar la oficina de asistencia a víctimas -que ya funcionara con el gobierno Aznar- o prorrogar la Ley de Solidaridad para atender nuevas solicitudes no exigen la creación de esta figura.
4º Cercanía a las víctimas. Me permito una argumentación subjetiva para razonar lo inapropiado de la elección. Algunas de las razones, quizás las esenciales, por la que las víctimas no han respondido a la violencia con las mismas armas han sido sus valores humanos y la espiritualidad de los familiares afectados. De esto no hay duda. Probablemente en eso poco hemos ayudado los demás, pero es la realidad. ¿Qué hubiera ocurrido si el odio hubiera anidado en el corazón de los familiares de los asesinados y de los miles de heridos?
¿En qué suele creer quien ha sido víctima de este terror para no tomarse la justicia por su mano? Seguramente, en que el Estado hará justicia por él, y segundo, y más allá de la esperada respuesta legal, en cuestiones que están más cerca de la trascendencia y de los valores como la paz, la fe, o el perdón. Yo he podido recoger los testimonios de algunas víctimas que han perdonado, que no odian y que lo han hecho fundamentalmente por su fe católica. Es así. Su ejemplar actitud frente al dolor (sea por motivos religiosos o no) es una de las máximas contribuciones de España a la lucha contra el terror.
Por eso nombrar como Alto Comisionado de estas víctimas a quien pasa por ser uno de los líderes intelectuales del laicismo militante y de la ruptura del principio de cooperación constitucional Iglesia Católica-Estado no me parece lo más acertado. Aunque es muy libre de pensar así, por supuesto. Pero, ¿Será capaz el Alto Comisionado de ponerse en el lugar de las víctimas, y descubrir y reconocer los evidentes beneficios sociales que ha supuesto para la salud democrática y la paz en este país la apuesta religiosa de muchos de ellos?
Con todas mis reservas e igual respeto, será el tiempo el que ponga o quite razones. Espero que el Alto Comisionado en el tiempo que le dedica a esta actividad, junto con toda la labor reparadora del dolor de las víctimas, realice algún informe imparcial o estudie la importancia de la educación en valores, pudiendo llegar a valorar positivamente la labor dulcificante de la iglesia católica en esta cuestión. E igualmente espero tenga la gallardía suficiente para denunciar, cuantas veces sea necesario, cierta pedagogía del odio a España, que desde hace muchos años, se imparte en reconocibles centros educativos y que sigue, y seguirá siendo si no le ponemos remedio, la base ideológica e intelectual de la violencia del terrorismo etarra. Yo sinceramente no lo veo capaz. Ojala me equivoque.
Carlos Salvador
Diputado por Navarra (UPN)