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No hubo ningún error, querido Alberto

Jaime Ignacio Del Burgo, Diputado de UPN en el Congreso de los Diputados

Coincido básicamente con su diagnóstico. Sin embargo, con una de sus proposiciones –la primera de todas– estoy en radical desacuerdo. “El sistema fiscal español –escribe– no es susceptible de parcelación entre todas sus autonomías. El error político que significó el cupo para el País Vasco y Navarra, es un buen ejemplo de cómo las concesiones a los nacionalismos, lejos de constituir una solución, agravan los problemas futuros”. 

No sé si es sistema fiscal español es susceptible de parcelación entre todas sus autonomías. Probablemente no, aunque en estos momentos el régimen general establecido en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas dista mucho de constituir un modelo centralizado, tanto por la aplicación del principio de corresponsabilidad fiscal de las Comunidades en el IRPF como de la cesión, con competencias normativas o no, de buena parte de los tributos estatales. 

Otra cosa es la pretensión del Parlamento de Cataluña de conseguir, vía Estatuto, la plena autonomía fiscal para su Comunidad Autónoma con un modelo parecido al sistema vasco de Concierto Económico o al régimen de Convenio Económico de Navarra. Y digo parecido porque a la hora de concretar la aportación de Cataluña a las cargas generales del Estado todo queda al albur de una negociación bilateral con el Estado, mientras que la fijación de la aportación navarra y del cupo vasco responde a criterios previamente establecidos.

Mi discrepancia con mi amigo Recarte se refiere, sobre todo, a su descalificación de los regímenes fiscales de Navarra y del País Vasco. No hubo tal error político en su concesión, porque en ninguno de los dos regímenes especiales hubo tal cosa.

Empiezo por Navarra, mi tierra. Nunca, en ningún momento, se aplicó en ella el sistema tributario del Estado. Ni cuando ostentaba la condición de Reino de por sí, integrado en la Corona de Castilla por vía de unión eqüae principal, ni después de perder dicho carácter para convertirse en territorio autónomo dentro del Estado unitario español en virtud de la Ley Paccionada de 16 de agosto de 1841. Por eso, en 1978, cuando se promulga la Constitución, Navarra disfrutaba en su plenitud de su régimen foral y por tanto de su plena autonomía financiera. La disposición adicional primera de nuestra Carta Magna, en consecuencia, no restableció, ni reconoció ni aprobó nuestro régimen, sino declaró su voluntad de ampararlo y respetarlo. El régimen de Convenio Económico surge a fines del siglo XIX para armonizar el sistema tributario propio de Navarra con el del Estado y actualizar la aportación navarra a las cargas generales del Estado prevista en la Ley Paccionada. 

El caso del País Vasco es distinto del navarro. Hasta 1876, las Vascongadas estaban “exentas” de los tributos del Estado, pero no tenían independencia tributaria. Nunca la tuvieron las Juntas Generales. La exención era una reminiscencia de la “hidalguía universal” de los vascongados reconocida por los reyes de Castilla para eximir a sus habitantes de las cargas o pechas del pueblo llano. En 1876 se abolieron los Fueros vascos. Desde entonces los vascongados quedarían sujetos a las mismas obligaciones militares del resto de los españoles y a las contribuciones e impuestos del Estado. Pero Cánovas echó marcha atrás y en 1877 confiere a las Diputaciones de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya la facultad recaudatoria de los impuestos estatales. Este sería el primer Concierto Económico. Sucesivos Conciertos irían transformando el primitivo sistema de descentralización recaudatoria en un verdadero régimen de autonomía fiscal, sobre todo a partir de 1980. 

En 1937, el general Franco cometió la injusticia de privar de sus Conciertos Económicos a Guipúzcoa y Vizcaya al considerarlas “provincias traidoras”, pese a la presencia de un mayor número de vascos en su ejército que en el reclutado en 1936 por José Antonio Aguirre, primer presidente del efímero Gobierno autónomo. En 1978, sólo Álava disfrutaba del Concierto Económico. La disposición adicional primera de la Constitución permitió reparar esta injusticia histórica, incorporando al Estatuto de Guernica el restablecimiento de los Conciertos de Guipúzcoa y Vizcaya, aspiración sentida por la población vasca en general al margen de ideologías políticas.

En teoría, el régimen de Convenio o de Concierto y el general de financiación de las Comunidades Autónomas no tiene por qué conducir a la existencia de discriminación entre las Comunidades forales y las de régimen común. Navarra contribuye a las cargas generales del Estado con el 1,6 por ciento de los gastos (incluido el fondo de solidaridad) presupuestados por el Estado en las materias no asumidas por la Comunidad Foral. El País Vasco contribuye con el 6,2 por ciento. Los porcentajes aludidos son la renta relativa de Navarra. A partir de ahí, su suficiencia financiera sólo depende de la buena o mala exacción y gestión de sus recursos y de la marcha de su actividad económica. A las Comunidades Autónomas de régimen común, el Estado debe garantizar su viabilidad financiara con aportaciones directas de sus presupuestos generales, completando los recursos derivados de los impuestos cedidos o cuya recaudación se transfiere. 

Los representantes de Cataluña en el proceso constituyente nada reivindicaron en relación con su régimen de financiación. Para sus dirigentes, la nacionalidad catalana tenía su hecho diferencial en la lengua y la cultura. Se mantuvieron al margen de las negociaciones conducentes a la disposición adicional primera sin invocar derecho histórico alguno. Un diputado de la minoría catalana explicó su voto favorable con el único argumento de su amistad con el nacionalismo vasco.

En conclusión. No hubo concesión a los nacionalistas por el respeto al régimen de Convenio de Navarra y al régimen de Concierto de Álava ni por el restablecimiento de los Conciertos de Guipúzcoa y Vizcaya. Por consiguiente, no hubo error. Hubo otros errores, sin duda, como la atribución al Gobierno vasco casi sin límites de la educación y de la cultura; o la aceptación como axioma incuestionable so pretexto de garantizar la gobernabilidad del País Vasco de la permanencia de los nacionalistas vascos en el poder autonómico. Pero, eso es otra historia