El grupo municipal de UPN en el Ayuntamiento de Cárcar ha presentado un recurso ante el Tribunal Administrativo de Navarra (TAN) contra el convenio urbanístico firmado por el consistorio con una empresa ubicada en el polígono industrial de Cárcar. El citado convenio pretende legalizar las múltiples irregularidades que ambas partes no han solucionado desde el año 2007.
Las críticas de los regionalistas no van dirigidas a la parte del acuerdo que obliga a la empresa a satisfacer determinadas cantidades en concepto de impuestos no pagados al ayuntamiento y derivados de una situación de irregularidad, sino a las cláusulas urbanísticas que no recogen o aseguran la conversión de la glorieta abierta que conecta el polígono con la NA-134 en cerrada, tal y como establece una Orden Foral de 2007.
Dicha Orden Foral aprobó la modificación puntual de las Normas Subsidiarias de Cárcar en virtud de la cual se creó el actual “Sector Industrial S-2”, que integró una serie de terrenos ubicados en el término “El Monte, todos ellos propiedad de la mercantil promotora de la modificación. En el punto 2º de la Orden Foral se estableció que “el Proyecto de Urbanización que se elabore para el ámbito del Sector Industrial S-2 deberá incluir la reconversión de la glorieta partida existente en la carretera NA-134 en glorieta cerrada”. La necesidad de contar con este tipo de glorieta vino dada por un informe del Departamento de Obras Públicas.
Para los regionalistas, la Orden Foral sigue vigente. “Si no habido cambio de circunstancias, ni un documento oficial que sustituya las previsiones de dicha orden, ni se puede dejar de ejecutar esa glorieta a cargo del promotor, ni se puede obviar que ha de prevalecer el interés público sobre el del particular. Ningún documento existe que haya cambiado las circunstancias o la siniestralidad o la obligación de transformar esa rotonda, donde a día de hoy siguen siendo frecuentes y en ocasiones graves los siniestros”, aducen.
Según el grupo municipal de UPN, “con la excusa de legalizar una situación que se remonta a 2007 y de que se encuentra en fase de aprobación definitiva un plan municipal que sustituye a las normas subsidiarias, pero que no aclara el futuro de la rotonda, la firma del convenio ha querido ignorar el cumplimiento de la legalidad y de la obligación de llevar a cabo la rotonda cerrada que se debía haber ejecutado hace años”.
“En la actualidad es un punto que sigue siendo una fuente de peligro frecuente, habiendo múltiples accidentes y donde, por desgracia, se produjo un accidente mortal, por lo que exigimos el cumplimiento de la normativa y defendemos la necesidad de contar con un rotonda cerrada”, señalan los regionalistas, que esgrimen también para rechazar el convenio “evitar acciones futuras que puedan provocar un sobrecoste a las arcas municipales por un valor aproximado de medio millón de euros, que es lo que costaría al pueblo su ejecución si no se lleva a cabo por quien debe hacerlo”.
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