El grupo municipal de UPN en el Ayuntamiento de Pamplona ha presentado hoy una batería de 11 enmiendas a la ‘Ordenanza de acceso y utilización de viviendas municipales para situaciones de emergencia habitacional’ que se debatirá el próximo viernes día 15 y que pretenden convertir en una norma “útil, social y objetiva para quienes sufren situaciones realmente graves y de emergencia social, sin generar situaciones injustas o efectos llamada”.
Los regionalistas han afirmado que continúan “trabajando en positivo y con medidas concretas por la ciudad” y han explicado que no se van a quedar únicamente en la enmienda a la totalidad que presentarán por considerar que “no hace falta una nueva ordenanza”. Por ello, han adelantado que plantearán las 11 medidas presentadas en caso de que ésta no salga adelante.
Los regionalistas quieren mejorar un texto que consideran “innecesario para responder a la problemática de vivienda de Pamplona, dado que el Ayuntamiento ya actuaba en este sentido mediante un convenio suscrito con Nasuvinsa, a través del programa social municipal Provivienda y otros programas sociales del Gobierno de Navarra coordinados con la acción del consistorio”. Además, opinan que “la ordenanza en algunos aspectos sociales se queda corta y en otros puede generar un importante efecto llamada”.
En este sentido, pretenden que “a través de este texto se pueda dar soluciones a quienes están pasando por situaciones realmente complicadas y que las graves necesidades de estas personas no queden sin atender porque se responde a casos de menor calado”.
UPN propone, por ejemplo, que “no se puedan acoger a estas medidas excepcionales que propone la ordenanza quienes ya disponen de otra vivienda, aunque ésta se ubique fuera de Navarra” y que “se elimine el pago de la cuota mensual a quien únicamente percibe una renta mínima de supervivencia de la que según el texto inicial debería retraer al menos un 7,5%”.
“Se trata de conseguir que las normas sean realmente útiles y justas para quienes sufren situaciones complicadísimas y a la vez hay que dotar de herramientas para salir de ellas”, han afirmado.
“No tiene sentido que el Ayuntamiento entregue una vivienda social a quien ya dispone de otra en propiedad, aunque sea en otra comunidad, y tampoco que tratando de responder a necesidades sociales graves y urgentes cobremos a quienes se les reconoce que ingresan lo mínimo para sobrevivir”, han explicado.
Además, los regionalistas proponen que “del total de viviendas disponibles se reserve un 20% para atender a los casos urgentes que puedan producirse” y colocar en el primer nivel del procedimiento de adjudicación las situaciones de desahucio, que el texto coloca en el tercer lugar en el orden de respuesta.
También, solicitan establecer un plazo máximo de 3 años en el uso de estas viviendas sociales para “facilitar la situación de autonomía personal, familiar y económica”.
El grupo municipal de UPN quiere, además, que se cree “una aplicación informática accesible para que las personas afectadas puedan conocer el cálculo de su situación, de forma similar a quienes quieren calcular su posible acceso a viviendas de protección oficial”.
Por otra parte, piden que se elimine del texto todo lo relativo a los realojos urbanísticos, que ya cuentan con una ordenanza específica, y “aquellas valoraciones que el nuevo texto normativo deja sin concretar y que pueden suponer el acceso a las ayudas de una forma no objetiva”.
Los regionalistas pedirán en un principio la retirada de la ordenanza y cuando menos que se someta a un proceso de participación previo a su aprobación inicial, “que limitará las aportaciones de entidades o ciudadanos al mínimo recogido en la ley”.