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UPN quiere cambiar la ley para que las campañas electorales se reduzcan a una semana

(Agencias/13.1.12) El diputado de Unión del Pueblo Navarro en el Congreso, Carlos Salvador, ha registrado una proposición de reforma de la Ley Electoral en la que plantea que las campañas electorales, que ahora duran quince días, se reduzcan a una semana.

Salvador justifica esta iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la necesidad de ahorrar en el actual contexto de crisis económica. A su juicio, hacer campañas electorales de siete días supondrá una “reducción relevante” de los gastos electorales.

Además, explica que este cambio no supondría merma alguna en los derechos de los ciudadanos, que, gracias a la consolidación de la sociedad de la información, tienen un acceso “prácticamente general e ilimitado” a la actividad política.

GENERALES, LOCALES Y EUROPEAS

La reforma que propone Salvador es muy sencilla y únicamente afecta al artículo 51 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. Así, defiende que la norma establezca que, en lugar del trigésimo octavo día posterior a la convocatoria de los comicios, la campaña empiece 26 días después y que se prolongue durante siete jornadas hasta la de reflexión.

La LOREG rige para las elecciones generales, locales y europeas, con lo que, de salir adelante, ese cambio no afectaría a las elecciones autonómicas que se basan en las normas aprobadas por cada una de las autonomías.

También UPyD ha presentado en el Congreso una propuesta de reforma de la Ley Electoral para, en su caso, eliminar la subvención por el envío postal de propaganda electoral, que considera discriminatoria porque sólo se concede a los partidos que tienen grupo parlamentario.

UPYD APUESTA POR QUITAR EL ‘MAILING’

Rosa Díez presentó esta iniciativa la pasada legislatura y en la actual, pese a que UPyD va a beneficiarse de ella por primera vez al haber logrado grupo parlamentario, vuelve a presentarla porque sigue pensando que la ley debe cambiarse.

Desde el Gobierno, su apuesta de ahorro ha sido reducir la cuantía de las subvenciones que el Estado otorga a los partidos políticos para su funcionamiento ordinario y los gastos de seguridad. Para ello ha remitido al Congreso un proyecto de ley de reforma de la legislación sobre financiación de partidos.