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Aborto libre hasta las 22 semanas

Javier Marcotegui Ros, Parlamentario Foral de UPN

El plazo se alarga hasta las 22 semanas para justificar la práctica del aborto con alguna razón que suponga grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada. Finalmente no se pone plazo alguno si el feto estuviera aquejado por alguna anomalía incompatible con la vida o enfermedad grave e incurable.

Estas previsiones del anteproyecto de ley merecen algún tipo de atención y comentario.

El hecho lamentable, inhumano y bárbaro de que el anteproyecto de ley permita a la madre decidir libremente sobre la vida de su hijo en un plazo concreto pone precisamente de manifiesto que no existe un derecho sobre el propio cuerpo ni sobre la gestación, porque hay otros afectados por las consecuencias, el embrión o el feto. Los expertos que han aconsejado al Gobierno no han podido encontrar una razón científica para apoyar la egoísta reivindicación de este derecho. De existir, el anteproyecto no habría puesto límite al plazo para el aborto libre.

El plazo impuesto es un capricho del legislador que pende peligrosamente, como espada de Damocles, sobre la cabeza del feto, sujeto débilmente por un requisito de información. En este sentido, el anteproyecto podría haber dispuesto que se informara a la embarazada de que su hijo se comunica con ella, y ella con él, desde el mismo momento de la fecundación. También que se le mostrara una ecografía que evidencia que su hijo tiene corazón desde la cuarta semana, que su cerebro se ha diferenciado en cinco áreas, que en la semana sexta comienza el desarrollo de las gónadas y los pulmones, que empieza a adquirir aspecto humano desde la octava, que en la decimocuarta mide 9 centímetros, pesa 110 gramos, tiene la cabeza erguida, los ojos se aproximan a su posición definitiva, las orejas están despegadas, las piernas bien formadas, se ejercita pateando y se desarrollan las uñas.

Este fantasmal derecho al propio cuerpo no puede imponerse a la vida del feto. El feto, como ha dicho el Tribunal Constitucional, es un bien jurídico protegido por la Constitución, que obliga al Estado a abstenerse de interrumpir o de obstaculizar su proceso natural de gestación. Le obliga también a establecer un sistema legal de protección de su vida. Por esto, de nuevo el legislador, arbitraria y tramposamente, determina un plazo máximo de 22 semanas para poder autorizar el aborto por razones médicas. En este plazo, la madre podrá abortar si existe grave riesgo para su salud. No dice el anteproyecto qué tipo de riesgo; ni tampoco indica cómo medir su gravedad. Sí, por el contrario, se preocupa de definir la salud como el completo estado de bienestar. Consecuentemente, si el bienestar de la embarazada no es completo, su salud ha quedado arruinada y el requisito del riesgo cumplido. La salud de la madre se ha perdido, el riesgo necesario, leve o grave, se ha hecho una realidad y también la causa justificativa del aborto.

Fijémonos que el riesgo es el que ha de ser grave, no que lo sea la pérdida de salud. El fraude de ley queda servido igual que en la ley vigente que autoriza el aborto cuando existe riesgo para la salud psíquica de la madre olvidando que ésta se pierde precisamente con el aborto inducido.

También, en este plazo, interesaría a la madre conocer que su hijo abre los ojos, tiene huellas dactilares que lo identifican de modo singular, responde a ruidos externos, pesa 630 gramos y con ayuda social, como requiere cualquier adulto, puede sobrevivir fuera del organismo de la madre porque todos sus órganos son funcionales.