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Ibarreche y cía. Luz y taquígrafos

Uno cuando se salta la ley a sabiendas lo mínimo que debe hacer es reconocerlo. La valoración penal (no moral ni política) sobre las causas que motivan su conducta y sobre los hechos realmente acaecidos forman parte de la actividad judicial que, ni siquiera, a los demás nos corresponde realizar. Y someterse a las decisiones de la justicia nos guste o no guste- forma parte del bagaje democrático y normal en una sociedad sana. Sobre todo cuando los enjuiciados precisamente se sientan en el banquillo por despreciar olímpicamente la ley. Y más si son representantes oficiales de instituciones públicas de primer nivel.

Es verdad que llama la atención el interés de algún imputado en aprovechar el juicio como argumento electoral. Si es así, asistiremos a dilaciones fraudulentas en el proceso que lo alarguen hasta las elecciones. ¿Quién las provocará y en beneficio de que intereses? Humm … veremos.

En todo caso, sin querer hacer más valoración por el momento, sería muy esclarecedor, al menos para poder fundamentar la aplicación de algún tipo de eximente penal en los imputados, que todos ellos fueran preguntados por el contenido de las negociaciones. Y así, el fiscal o algún abogado, podría preguntar, por ejemplo: de qué hablaron realmente; cuantas veces se reunieron; dónde y cuándo; si actuaban por cuenta propia o de tercero (por ejemplo si Otegui negociaba en nombre de Eta y, por su parte, los socialistas fueron o no mandatados autorizados- por Zapatero para esos encuentros); cómo iban a solucionar el problema del terrorismo; qué avances produjo esa reunión en el objetivo de eliminar la violencia; si hablaron de las causas del fenómenos; si hablaron de Navarra como pago en una posible solución política,…

O también: ¿si estas reuniones fueron preparativas de los contactos de Loyola?. Y si fuera así, pregunto yo: ¿Quién entonces se habría saltado la ley?

Los atajos y las mentiras nunca han sido buenos compañeros de viaje de la acción política. Y mucho menos cuando de política antiterrorista se trata. No sólo hablo de engañar a la ciudadanía, sino de negarle (negarnos) el derecho a ser parte de las decisiones importantes que le (nos) atañen. Hablo de ser tratados como menores de edad. (El PSOE lo hizo con los GAL y ahora pretendía hacer lo mismo)

Menos mal el PSOE rectificó a tiempo. O eso parece. No se puede solucionar un problema como éste sin contar con la ciudadanía. Eso es despotismo.

En fin, esperemos, que el paso por el banquillo, no les tiente a todos ellos con una nueva negociación.
Lo mejor, como siempre, para estos casos: la luz y los taquígrafos.