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Los partidos y la participación ciudadana

Javier Marcotegui Ros, Vicepresidente 1º del Parlamento de Navarra

La rutina de funcionamiento ordinario de los partidos y la lógica dedicación de los ciudadanos a la atención de sus intereses personales y profesionales han provocado que tanto los partidos como los ciudadanos hayan olvidado estos principios constitucionales. Con demasiada frecuencia, unos y otros limitan la participación política y la expresión del pluralismo político a la entrega del voto en la urna y su recuento posterior.

Es decir, la participación ha quedado reducida a la más mínima expresión, la que con frecuencia tiene menos sentido político real. Al respecto, no hay más que recordar los malabares aritméticos que en la noche electoral hacen todos los partidos para demostrar que han obtenido un buen resultado electoral y que interpretan adecuadamente la voluntad popular expresada. Ejemplos los tenemos muy recientes en Navarra. Todo se reduce a destacar el aspecto del resultado electoral más favorable al partido y el más desfavorable del adversario, aunque ambos poco tengan que ver con el sentido de la participación y pluralismo político registrado en las urnas.

Por el juego malabar de esta aritmética, el partido más votado puede quedar relegado del poder y marginado el interés político mayoritario de la población. Consecuentemente, partidos minoritarios con vocación de bisagra pueden condicionar el poder político de modo decisivo. Las leyes electorales deben evitar estas perversiones electorales. Ése es el sentido de los procesos electorales que facilitan mayorías absolutas con mecanismo de elecciones con segunda vuelta o escrutinios de mayoría.

Lamentablemente para la salud democrática, también se han olvidado los límites que la Constitución pone a la actividad de los partidos hasta hacerlos prácticamente desaparecer. No tiene ningún sentido constitucional que la mitad de las listas electorales de un partido (me refiero a ANV) sean admitidas a la concurrencia electoral y la otra mitad no. Es a las actividades de los partidos a las que se refieren los límites constitucionales, no a las personas ni a los grupos o listas electorales. No son los caprichos electorales de la mayoría ni sus principios de moral política los que hacen legalizar los partidos sino la decisión de la jurisdicción competente.

Queda, por último, la responsabilidad de los partidos sobre la formación de la voluntad popular. Estimo que los procedimientos queridos por la Constitución para tal fin son la lealtad y la veracidad en la controversia política y no el interés singular y de partido. No comprendo, por tanto, cómo se puede cumplir con este deber constitucional difundiendo informaciones políticas incompletas, sesgadas, oportunistas y coyunturales. No concibo que el actual debate político inconexo, desasosegado por el apremio propio de los medios de comunicación y, en especial, del televisivo, apoyado en los mensajes mitineros de fin de semana y de rueda de prensa interesada de portavoces políticos, pueda dar como resultado voluntad política alguna convenientemente conformada reflejada en las urnas. No entiendo que la publicidad sea la herramienta electoral fundamental.

Hacen falta debates políticos cara a cara, con moderadores comprometidos con el interés de los ciudadanos, donde el argumento tenga más valor que el ingenio dialéctico, la argucia retórica o la añagaza malintencionada. Hacen falta encuentros públicos o privados, abiertos o cerrados, entre el ciudadano y el político para que ambos se conozcan e intercambien objetivos, informaciones, intereses, pareceres, posibilidades, coyunturas y estrategias.

En esta legislatura, el Grupo Parlamentario de UPN, modestamente, ha querido dar forma a esta inquietud mediante el ofrecimiento al ciudadano de un lugar de encuentro en la Oficina de Información al Ciudadano.