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Del Burgo se opone a la modificación de la Ley de los bienes incautados a los partidos en la Guerra

(UPN/12.11.07) El diputado de UPN Jaime Ignacio del Burgo ha mostrado hoy, en la Comisión Constitucional del Congreso, su oposición a la Proposición de Ley de Modificación de la Ley 43/1998, de 15 de diciembre, de restitución o compensación a los partidos políticos de bienes y derechos incautados en aplicación de la normativa sobre responsabilidades políticas del periodo 1936-1939 y ha definido la iniciativa como “éticamente reprochable”.

Según ha señalado Del Burgo, “pretende reabrir la ley de 1998 eliminando las garantías establecidas para flexibilizar la prueba de la titularidad de los bienes y derechos incautados, de forma que en último término sea el Gobierno quien fije de forma arbitraria el importe de las compensaciones a los partidos beneficiarios”. Además, el diputado ha querido destacar cómo la proposición “ha hurtado el debate del pleno de la Cámara para aprobarse de tapadillo en este último tramo de la legislatura”. 

Del Burgo ha indicado que la Ley de 1998 supuso la “reparación de una injusticia histórica” y que su aprobación contó con “un amplísimo consenso”, por lo que “no es necesario reabrir esta ley”. Sobre la Proposición, el diputado navarro ha afirmado que “se salta a la torera el principio de seguridad jurídica que exige la prueba fehaciente de la titularidad de los bienes y derechos incautados, quebrantando tanto el principio de igualdad como el de interdicción de la arbitrariedad consagrados en nuestra Constitución”.

Acerca de las enmiendas, el diputado se ha referido a dos. Una fruto de una transacción de última hora entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista para permitir la restitución  o compensación por la pérdida de bienes y derechos radicados fuera del territorio español y de la que Del Burgo ha apuntado que su único fin “es la reversión al PNV de un palacete en París propiedad del Estado español que nunca fue propiedad del PNV”.

Y sobre la enmienda que se refiere a la exclusión de ANV de la relación de posibles beneficiarios de la reapertura de la ley de 1998, el diputado ha subrayado que el Grupo Popular  votará a favor, pero ha indicado que “es más que discutible desde el punto de vista jurídico que a un partido legalmente constituido y que disfruta actualmente de la presunción de legalidad se le pueda privar, sin vulnerar el principio de igualdad, de los beneficios de la nueva ley, so pretexto de haber presentado en las últimas elecciones municipales candidaturas que fueron anuladas conforme a la ley de partidos”. Este hecho, ha añadido “no fue suficiente, a juicio del Gobierno y de la Fiscalía, para instar la ilegalización de ANV”.