Javier Marcotegui, parlamentario UPN
Acabar con ETA no significa necesariamente su fin incondicionado; es la palanca necesaria para remover el terrorismo que, como toda palanca, reclama el punto de apoyo adecuado. Es decir, las condiciones bajo las cuales ETA desaparecería. Este modo condicionado de acabar con ETA implica aceptar, sin matización alguna, las siguientes premisas: «Los conflictos terminan siempre en una mesa de negociación»; «la paz se hace precisamente con el enemigo». Ambas se plantean como argumento para la paz, dando por supuesto la existencia de un conflicto jurídicamente justificado y olvidando ladinamente que el enemigo sólo negocia cuando está derrotado.
El final dialogado de la violencia, pretendido por la Resolución nº 80 del Congreso, adoptada el 17 de mayo de 2005 por 192 diputados del PSOE, IU, CiU, ERC, ICV, PNV, NaBai, La Chunta, BNGa requiere la colaboración de ETA.
Una sociedad libre y democrática no puede aceptar que el terror sea un instrumento para alcanzar fines políticos; ni puede consentir que dejar de matar tenga un precio exigible. Bajo ninguna condición la forma de configurar políticamente la sociedad vasca y navarra puede ser el precio por dejar de matar. Por esto la colaboración no puede ser otra que el previo y definitivo abandono de las armas, el reconocimiento y respeto del estatus político de Navarra y del País Vasco, la aceptación del sistema democrático como único medio para la defensa de los objetivos políticos particulares y, consecuentemente, la renuncia de la lucha armada como medio para conseguir objetivos políticos.
ETA, que hace del impulso y la garantía de la liberación de Euskalherría la única y genuina razón de su existencia, nunca aceptará estas condiciones. Sería tanto como reconocer su error y responsabilidad histórica. El proceso dialogado sólo puede beneficiar a ETA, que nada pierde en el intento.
El segundo supuesto persigue la derrota sin paliativos de ETA. El Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo, suscrito por 313 diputados del PP, PSOE, Coalición Canaria y Partido Andalucista el 12 de diciembre de 2000, persigue la derrota de ETA.
El Pacto afirmaba que la recuperación plena de la unidad de acción de los partidos democráticos frente al terrorismo debe llevarse a cabo en torno a la Constitución y el Estatuto de Guernica, espacio de encuentro de la gran mayoría de los ciudadanos vascos. Indicaba también que la paz, la convivencia libre y el respeto a los derechos humanos son valores no negociables. Radicaba la defensa de los derechos humanos y libertades públicas en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, en la confianza y apoyo a Jueces y Fiscales y en el más completo y severo castigo de los condenados por actos terroristas en el marco del ordenamiento jurídico sin menoscabo de las políticas de reinserción para los que abandonen la organización terrorista. Para él, las víctimas del terrorismo constituyen la principal preocupación y disuade cualquier pretensión de precio político. Su ejecución no requiere más instrumentos que la unidad de los partidos firmantes en la acción política contra el terrorismo como cuestión de estado, la prevalencia de la ley y el respeto al estado de derecho.
Lamentablemente, en la solución negociada ETA está encontrando más opciones que su simple derrota.