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El 11-M y sus consecuencias políticas (una investigación que exige ser auditada)

Jaime Ignacio del Burgo, diputado de UPN

Es un escándalo que la Comisión se cerrara sin determinar qué pasó en Asturias, cuál fue el comportamiento de ciertos mandos de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y por qué incurrieron en graves falsedades y contradicciones. Es una infamia que no se quisiera escuchar a los confidentes policiales y otras personas que hubieran podido proporcionar información muy relevante para conocer la verdad. Sólo el sectarismo de la mayoría impidió que se pudiera averiguar quién organizó la gran mentira contra el Partido Popular, quién promovió el asedio de las sedes, quién intoxicó constantemente con informaciones falsas dirigidas a minar la credibilidad del Gobierno, o si hubo deslealtad por parte de ciertos mandos policiales. Voy a referirme a tres episodios de la Comisión que viví en primera persona y que tuvieron alguna repercusión.

El interrogatorio que acabó en llanto

En primer lugar, me referiré al interrogatorio al jefe de estupefacientes de Avilés, el controlador del asturiano Emilio Suárez Trashorras. Compareció el 27 de julio de 2004 ante la Comisión. Me ocupé de su interrogatorio y al finalizar hice una reflexión en voz alta desde la tristeza que me producía el hecho de que a pesar de la estrecha relación existente entre el policía y el vendedor de los explosivos éstos llegaron a poder de los terroristas. Sentimiento producido también por la comparecencia esa misma tarde de los guardias civiles que controlaban a Rafá Zouhier, cuya denuncia sobre los asturianos no surtió efectos. "Aquí ha habido fallos indudables". Se me echaron encima los comisionados de la mayoría gubernamental. También los sindicatos policiales. "Manolón" fue recibido como un héroe en Asturias después de llorar en la Comisión mientras pedía perdón a las víctimas. Pero si llego a saber lo que ahora sabemos, mi reflexión no hubiera sido de tristeza sino de indignación porque algunos tuvieron en su mano la posibilidad de evitar el atentado y no lo hicieron.

Un cuestionario inquietante

En segundo lugar, está el cuestionario que remití al confidente Rafá Zouhier a la cárcel. Su contenido es inquietante. Decidí llevar a cabo esta actuación, realizado con estricto respeto a la legalidad, porque a todas horas se hablaba en la Comisión del confidente de la Guardia Civil mientras se le negaba, a pesar de su insistencia, el derecho a comparecer para explicar su participación en los hechos. Si dice la verdad, resulta que la UCO (Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, dirigida por un antiguo colaborador de Rafael Vera) tuvo en su mano la posibilidad de detener a los asturianos por la venta ilegal de dinamita y abortar así el atentado. También aquí la mayoría gubernamental –con la ayuda de los medios afines– puso el grito en el cielo. Lo que menos importaba era analizar el testimonio de quien creía que había colaborado con "la élite de España", que así llamaba a la UCO. Una vez más se hizo realidad la vieja costumbre de "matar al mensajero".

Risas en la sala

El tercer episodio se refiere a la posible conexión entre ETA y el islamismo. Hubo risas en la sala, según cuenta el diario de sesiones, cuando el 7 de julio de 2004 hice algunas preguntas sobre ETA y los islamistas a Mariano Rayón, jefe de la Unidad Central de Información Exterior de la Policía, encargada de la lucha contra el terrorismo islámico. Aquí hubo cerrazón total. Por supuesto, el interpelado dijo no tener ni idea de lo que le estaba preguntando.

El Gobierno negó que existiera ninguna relación y por lo tanto no había que investigar nada de nada. Unos meses más tarde, Rodríguez Zapatero afirmó que todo estaba investigado, que de ETA nada de nada y que así se declararía en la "sentencia" del juez. Y sin embargo, hoy sabemos que en las cárceles españolas se ha tejido una relación muy profunda entre ciertos etarras e islamistas. A pesar de ello, la cerrazón continúa. Los informes que se remitieron a la Comisión elaborados por el comisario socialista Telesforo Rubio, responsable de la Comisaría General de Información, carecen del rigor exigible a una investigación digna de tal nombre. Aquí la opacidad es total y absoluta. Es como si se supiera algo inconfesable o se tuviera el temor de que pudiera aparecer. La tomadura de pelo a la Comisión en este asunto es total. Pero no cejaremos en el empeño.

El conocimiento de la primera treintena de tomos del sumario, desclasificados por el juez del Olmo, evitaron que la Comisión se cerrara a finales de diciembre de 2004, aunque hasta el 30 de junio de 2005 no pudiéramos hacer otra cosa que recabar información, pues no se acordó ni una sola comparecencia. El juez del Olmo esperó al pleno que aprobó las conclusiones elaboradas por la mayoría para abrir otros cien tomos del sumario. De haberlo hecho antes del cierre a buen seguro no se hubiera cerrado la Comisión. Porque aunque el juez no haya querido profundizar en la investigación limitándose a recopilar uno tras otro los informes policiales, el sumario ratifica lo que decíamos al principio: que todos aquellos a quienes se atribuye la autoría material o se les imputa haber colaborado con la célula de Lavapiés o eran confidentes de los cuerpos de seguridad o estaban estrechamente vigilados por la policía, bajo control de la autoridad judicial y muy especialmente del juez Garzón. Y si esto fue así, ¿cómo es posible que no se hubiera evitado la comisión del atentado?

Insólito: la Guardia Civil versus la Guardia Civil

La apertura del sumario pone de manifiesto, además, numerosas cosas insólitas, como por ejemplo que la Guardia Civil de Asturias denunció ante el juez lo que denominaba paladinamente como las "mentiras de la UCO" ante la Comisión del 11-M. El mundo al revés: la Guardia Civil contra la Guardia Civil. El general Laguna, al que según las crónicas hice llorar en la Comisión –lo cual es rigurosamente falso, entre otras razones porque los generales nunca lloran–, había puesto de manifiesto que el coronel Hernando no dijo la verdad ante aquélla.

El jefe de la UCO señaló que tras la denuncia de Rafá Zouhier fueron a Asturias para verificar su posible veracidad. Llegaron a la conclusión de que era cierto y alertaron a la Jefatura de Zona de Asturias que Antonio Toro y Emilio Suárez Trashorras trataban de introducir dinamita robada en el mercado de Madrid al precio de un millón y medio de pesetas por cada dos kilos y medio de explosivos. Admitían también el pago en especie: un kilo de cocaína por la misma cantidad de dinamita. Hernando dijo que con el resultado de sus investigaciones, la UCO envió una nota informativa a la comandancia asturiana y a partir de ese momento se desentendieron del asunto. En su testimonio ante la Comisión, el coronel Hernando admitió que Rafá Zouhier les había facilitado una muestra de la dinamita robada, pero como estaba en mal estado procedieron a su destrucción.

El general Laguna rechazó la versión de Hernando. La UCO no sólo no se desentendió del asunto sino que sus agentes formaron un grupo de trabajo con agentes de la Comandancia de Oviedo que funcionó durante todo el año 2003. Como prueba de ello, el general Laguna aludió a una segunda nota informativa donde, al parecer, la UCO señalaba que los asturianos mantenían relación con la banda de Jamal Ahmidam. Pues bien, en el informe sobre las "mentiras de la UCO" remitido al juez del Olmo, la Guardia Civil de Asturias afirma que agentes a las órdenes del coronel Hernando les pidieron que destruyeran esa segunda nota informativa, porque ponía en entredicho su testimonio ante la Comisión. A pesar de la gravedad de estos hechos, no consta en el sumario ninguna actuación judicial dirigida al esclarecimiento de la verdad.

Necesidad de una auditoría de la investigación policial

Y un análisis riguroso de las pruebas aportadas al sumario demuestra la endeblez del sumario para formular una acusación rotunda sobre la autoría material y pone de manifiesto los "agujeros negros" y "enigmas" del 11-M, confirmando que las investigaciones del equipo de El Mundo y las de ese "francotirador" de la investigación que es Luis del Pino están muy lejos de poder ser descalificadas ni consideradas como teorías "extravagantes". Gracias a esa pertinaz tarea investigadora hoy conocemos que la verdad oficial hace aguas por todas partes.

Por eso, aunque sé que predico en el desierto, abogo por la necesidad de proceder a una auditoría de la investigación. En el sumario hay pruebas suficientes como para desconfiar de quien está al frente de la Comisaría General de Información, que es un comisario político designado por el Partido Socialista para dirigir la investigación. Nuestros motivos para la desconfianza tienen su fundamento en que el actual Comisario General de Información no sólo participó en la redacción del programa electoral socialista en materia de seguridad sino que preparó su comparecencia ante la Comisión del 11-M en la sede socialista de Gobelas.