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Amnesia socialista (1): La revolución pendiente

Jaime Ignacio del Burgo, diputado de UPN

Se reitera una y otra vez que la Alianza Popular no votó a favor del título VIII de la Constitución y que tampoco lo hizo a favor de los Estatutos vasco y catalán. Lo cierto es que el fundador del Alianza Popular no sólo votó a favor de la Constitución, aunque tuviera reserva sobre la oportunidad de introducir la palabra “nacionalidades” en su artículo segundo, sino que defendió el “sí” en el referéndum de 1978.

El Partido Popular es además el heredero político de la extinta UCD, cuyo legado constitucional defiende en toda su integridad. Y al asumir en su integridad la Constitución incluye la aceptación sin reserva alguna del Estado de las autonomías. El PP es un partido autonomista y lo demostró en sus ocho años de Gobierno. Todas las Comunidades constituidas conforme al artículo 143 de la Constitución alcanzaron la autonomía política plena del artículo 151 mediante la reforma impulsada por los Gobiernos de José María Aznar. La autonomía fiscal del País Vasco alcanzó también su plenitud y todas las Comunidades Autónomas aprobaron por unanimidad el actual modelo de financiación autonómica.

El caso es que si alguien tiene un pasado del que no debería sentirse muy orgulloso, al menos en lo que se refiere al modelo de sociedad y a la concepción de España, es el Partido Socialista Obrero Español, que en su formulación actual nada tiene que ver “por fortuna” con el fundado por Pablo Iglesias.

Sin remontarnos a las épocas en las que Iglesias se permitía en el Congreso de los Diputados amenazar de muerte al político monárquico Maura, el comportamiento socialista en la II República no se ajusta precisamente a los cánones democráticos. Es bien sabido que durante este convulso y trágico período de nuestra historia, el ímpetu marxista revolucionario del Partido Socialista, que le empujaba a tratar de implantar en España la dictadura del proletariado siguiendo el modelo soviético, llevó a los socialistas dirigidos por los golpistas Largo Caballero y Prieto (cuyas estatuas todavía honran su memoria en Madrid) a sublevarse contra el legítimo Gobierno republicano desencadenando la Revolución de octubre de 1934. Esta intentona revolucionaria reduce sensiblemente la legitimidad del PSOE para condenar la posterior rebelión cívico-militar de 1936. Actitud revolucionaria que también descalifica en los mismos términos a Esquerra Republicana de Cataluña, donde el presidente de la Generalidad, Luis Companys, proclamó el Estado Catalán traicionando así la Constitución de la República. El daño que estos hechos, unidos a la persecución religiosa, produjeron a la convivencia pacífica entre los españoles fue irreparable.

Pero los sueños revolucionarios tardaron en enfriarse en las filas del socialismo español. En octubre de 1974, en la localidad francesa de Suresnes, se celebró el XIII Congreso del PSOE. Dos jóvenes andaluces, Felipe González y Alfonso Guerra, dieron un golpe de mano y se hicieron con el poder desplazando a los viejos dirigentes históricos que habían mantenido en el exilio la débil llama del Partido Socialista contra la dictadura de Franco. Pero en el terreno de las ideas, las declaraciones del Congreso mantuvieron intacta la fidelidad al “programa máximo” del Partido, en los términos aprobados en 1888. Transcribo una parte sustancial del mismo:

El Partido Socialista declara que tiene por aspiración:

1. La posesión del poder político por la clase trabajadora.

2. La transformación de la propiedad individual o corporativa de los instrumentos de trabajo en propiedad colectiva, social o común.

Entendemos por instrumentos de trabajo la tierra, las minas, los transportes, las fábricas, máquinas, capital-moneda, etc., etc.

En suma: el ideal del Partido Socialista Obrero es la completa emancipación de la clase trabajadores; es decir, la abolición de todas las clases sociales y su conversión en una sola de trabajadores, dueños del fruto de su trabajo, libres, iguales, honrados e inteligentes.

Esta reafirmación de los principios fundacionales del Partido Socialista se hizo tras proclamar que el sistema capitalista estaba “condenado ineluctablemente a desaparecer”, lo que conducía a reiterar como objetivo esencial “la conquista del poder político y económico por la clase trabajadora” a fin de proceder a la “radical transformación de la sociedad capitalista en sociedad socialista”.

Asimismo, mientras el régimen de Franco agonizaba en paralelo con la salud del dictador, el PSOE reclamaba el establecimiento de un régimen plenamente democrático. Para ello, los socialistas consideran indispensable el restablecimiento de las libertades públicas y el reconocimiento de los derechos fundamentales, como exigencia previa e inexcusable a la convocatoria de elecciones libres. Hasta ahí bien.