La secretaria de Asuntos Sociales de UPN, Amelia Salanueva, ha rechazado hoy que haya discriminación en los conciertos de las residencias de la tercera edad o se beneficie a las residencias privadas. Salanueva ha denunciado que el secretario general del PSN, Carlos Chivite, «hace demagogia con este asunto y muestra mala fe y un desconocimiento absoluto de cómo funciona el sistema de conciertos».
Así, ha recordado que «cuando Chivite era alcalde de Cintruénigo, el Instituto Navarro de Bienestar Social financió un 70% de la residencia de esta localidad y concertó un total de 54 plazas, a pesar de que no estaba obligado, y ahora simplemente han sido renovadas, por lo que discriminación ninguna».
Además, ha apuntado que «las residencias a las que Chivite se refiere son competencia de los ayuntamientos, que deciden cómo las gestionan, bien directamente, bien indirectamente a través de una empresa».
A este respecto, y como muestras de la «hipocresía» y la «incoherencia» de Chivite, ha comentado que «Cortes y Mendavia, ayuntamientos socialistas, han externalizado la gestión de sus residencias y tienen plazas concertadas».
«Incluso Corella ha intentado externalizar la gestión, pero no ha podido llegar a un acuerdo con la empresa, por lo que pedimos a Chivite que no critique lo que hacen sus propios ayuntamientos», ha agregado.
Según la responsable de Asuntos Sociales de UPN, «no se puede estar responsabilizando al Gobierno de Navarra todos los días de la situación generada por sus propios alcaldes, sea en los consultorios o, en este caso, en las residencias».
«Es muy significativo el ejemplo de Corella ha explicado-, en cuya residencia el déficit se ha incrementado de 42.000 a 300.000 euros en sólo tres años a causa de la nefasta gestión del PSOE, un 612% más, a lo que hay que añadir las contrataciones ilegales de personal que han realizado».
«El Gobierno no firma conciertos para hacer viable una residencia sino prestar un servicio a las personas que lo necesitan»
Amelia Salanueva ha asegurado que el INBS se rige por parámetros objetivos para concertar plazas y que son los técnicos quienes, en función de unos criterios, realizan los conciertos. «En materia de servicios sociales, Navarra está zonificada por lo que se analizan las necesidades de cada una de las zonas a través de las solicitudes que llegan desde los servicios sociales de base», ha aclarado.
Estas solicitudes son estudiadas en el INBS, donde «se analiza la manera de atenderlas a través de las plazas propias o mediante una ayuda individual». Cuando la demanda es superior al número de plazas «se analizan los centros susceptibles de ser concertados en la zona y se hace con independencia de que sean con o sin ánimo de lucro, de un Ayuntamiento, una congregación religiosa o una entidad mercantil».
Salanueva ha subrayado que el Gobierno no tiene obligación de garantizar un concierto a todas las residencias. «Su obligación es la de garantizar que en todas las zonas se preste un servicio adecuado a la demanda y para cumplir con esa obligación se aprobó el II Plan Gerontológico».
Desde su aprobación, ha afirmado, se han invertido más de 80 millones de euros para la construcción de residencias, y ha precisado que «el hecho de que se conceda una ayuda para la construcción no implica que luego el Gobierno tenga que concertar plazas en ella».
«Que Chivite se entere bien: el INBS no firma los conciertos para hacer viable una residencia, sino para prestar un servicio a las personas que lo necesitan», ha concluido.