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La capitulación del Congreso

En medio de tanta convulsión política provocada por la negociación con ETA, la Comisión del 11-M agoniza sin que a nadie le preocupe su suerte. En realidad, tras la comparecencia del presidente ZP -«todo está muy claro»- quedó sentenciada. Se ha decidido incluso cuándo se le va a aplicar la eutanasia activa mediante sedación plenaria. Será el próximo 30 de junio, último día del actual período de sesiones. Después, el Gobierno y la mayoría gubernamental podrán irse de vacaciones con la satisfacción del deber cumplido libres de la única pesadilla capaz de perturbar el sueño beatífico de nuestro bienaventurado presidente.En la última reunión de la agónica Comisión de Investigación del 11-M pregunté con ironía al comisionado de ERC: «¿Cuánto nos ha costado a los españoles el cierre de la Comisión?». Parecía una broma pero no lo era. Porque ese mismo comisionado, en la reunión anterior, se había negado a sancionar el fin de la investigación propuesto por el PSOE tras mostrar un súbito interés por conocer el contenido de las conversaciones mantenidas en la cárcel de Villabona entre colaborador del CNI y militante socialista, Fernando Huarte y el preso islamista Benesmail. Las cintas ni han llegado ni se les espera y a pesar de ello, ERC ha levantado su transitorio veto al cierre de la Comisión. En las resoluciones aprobadas como consecuencia del debate sobre el estado de la nación, ERC ha conseguido dar nuevos impulsos a su propósito de convertir España en un Estado plurinacional aunque ello sea incompatible con la Constitución de 1978.

Pues bien, la capitulación del Congreso ante el Gobierno constituirá otro infame daño colateral del 11-M, pues deshonra y envilece a la representación de la soberanía popular. ¿Acaso las víctimas y el pueblo español en su conjunto no tienen derecho a conocer la verdad?

Cuando el presidente ZP se dignó ir al Congreso pretendió cátedra. Del 11-M ya lo sabemos todo. Aznar tuvo la culpa pues no supo prever el riesgo asumido por nuestra presencia en Iraq. Aterrado por las consecuencias electorales, el Gobierno trató de imputar a ETA la masacre y, por tanto, mintió. Lo ocurrido el 13 de marzo no fue otra cosa que la rebelión espontánea de una ciudadanía indignada ante el «engaño masivo» del Gobierno.

Para el PSOE, investigar qué falló en Asturias o en el funcionamiento policial es una tarea ajena al Congreso. Para eso están el ministerio fiscal y el juez. El PP no se ha enterado que Montesquieu no ha muerto y no sabe cómo funciona el Estado de Derecho. En consecuencia, continuar la investigación parlamentaria carece de sentido. El Partido Popular sólo quiere marear la perdiz para eludir sus propias responsabilidades. Pues si se demostrara que la policía o la guardia civil o el CNI no lo hicieron bien también la culpa sería de Aznar. El PP pretende marear la perdiz hasta el fin de los siglos porque quiere poner en duda la legitimidad democrática del presidente ZP. Cualquier fabulación por fantástica, extravagante y estrambótica que sea, alimentada por el delirio de algunos medios de comunicación, sólo sirve a los intereses antidemocráticos de un partido incapaz de digerir la derrota del 14 de marzo.

En septiembre del año pasado ya quisieron cerrar la Comisión. Ya tenían las conclusiones hechas. Eran las mismas que ahora. Pero las revelaciones sobre la trama asturiana desveladas por El Mundo fueron de tal calibre que por vergüenza torera se vieron obligados a prorrogar la investigación. Gracias a ello, el Gobierno envió algunos papeles más, se aceptaron unas cuantas comparecencias relevantes y el juez del Olmo, a cuenta gotas, facilitó partes significativas del sumario con el fin de dar luz a la Comisión, aunque de su lectura surgen cada vez mayores interrogantes. Porque el juez, dicen en la Audiencia Nacional, no está dispuesto ni a limpiar Asturias de explosivos ni a colaborar en ningún ajuste de cuentas entre las fuerzas de seguridad. Pero todo fue un fuego fatuo y a finales de diciembre la Comisión entró definitivamente en vía muerta.

La Comisión va concluir sus trabajos sin importarle un comino que hubiera comparecientes que no dijeron la verdad. Que el portero de Alcalá, de quien se dice podría ser militante del PSOE o de la UGT, incurriera en graves contradicciones entre el testimonio prestado en el Congreso y su declaración ante el juez no pasa de ser una anécdota menor si se compara con las gravísimas contradicciones habidas entre los responsables tanto de la UCO, como de la Guardia Civil y de la Policía asturianas.

De no ser porque un «número» de la Benemérita, demostrando una valentía encomiable, decidió salvar el honor de la Guardia Civil revelando la existencia de la famosa cinta de Lavandera nunca hubiéramos sabido que las primeras denuncias se habían producido en el año 2001 y no en el 2003. La Comisión ni siquiera se ha inmutado por tamaña ocultación.

Pero la opinión pública tiene derecho a conocer las razones por las que nadie parece dispuesto a investigar el gran escándalo del 11-M. Poco a poco, gracias a las investigaciones de El Mundo y a un minucioso rastreo de los autos del juez del Olmo y de los 35 tomos del sumario desclasificados, hemos podido llegar a una trágica y escandalosa conclusión: todos los autores materiales de la masacre, absolutamente todos, o eran confidentes de los cuerpos policiales o estaban estrechamente vigilados por la Policía y la Guardia Civil e, incluso, por el CNI, en muchos casos bajo la dirección del juez Garzón. ¿Cómo se puede acusar de imprevisión sobre el terrorismo islamista al Gobierno popular cuando todos los islamistas estaban bajo sospecha? Hubo, cuando menos, negligencia. ¿Por qué no se quiere investigar? ¿A quién se quiere encubrir?

Cada día que pasa surgen nuevos interrogantes. En julio pasado proclamé en la Comisión mi negativa a aceptar que el 11-M hubiera sido fruto de una infame conspiración interior, pero advertí que la negativa a investigar a fondo sobre lo ocurrido alimentaba cualquier hipótesis imaginativa. Hoy mis palabras hubieran sido aun más comedidas. Sigo sin aceptar la teoría de una infame conspiración interior, pero los partidarios de las teorías conspirativas sin duda estarán afilando sus cuchillos a la vista de las últimas informaciones publicadas sobre las que la Comisión se ha negado en redondo a investigar. He aquí la lista -no exhaustiva- de los nuevos interrogantes:

¿Es cierto que la decimotercera mochila aparecida en la Comisaría de Vallecas a las 2 de la madrugada del día 12 de marzo podría no haber viajado nunca en los trenes de la muerte? ¿Es cierto que un confidente informó a la Policía tres meses antes del 11-M que un grupo de islamistas se proponía poner bombas en los trenes? ¿Cómo es posible que en los autos del juez del Olmo no exista la menor alusión a que los teléfonos móviles utilizados por los terroristas se hubieran «liberado» en la tienda de un policía de origen sirio amigo de los autores de la masacre? ¿Cómo es posible que ni el juez Garzón ni la UCIE ni nadie informara a la Comisión que buena parte de los autores materiales de la masacre del 11-M formaban parte de los «Soldados de Alá», grupo fundado en 1994 y dirigido por Abuh Dahdah, al que se juzga actualmente por su presunta participación en la organización del 11-S? ¿Por qué ni la UCIE ni el juez Baltasar Garzón informaron a los responsables policiales de la investigación del 11-M de cuanto sabían sobre la posibilidad de que el grupo del Tunecino estuviera detrás de los atentados? ¿Qué grado de conocimiento tenía el CNI sobre las actividades de este grupo de islamistas dirigido por el Tunecino y Allekema Lamari? ¿Hasta dónde llegaban las relaciones del agente del CNI y dirigente socialista de Gijón con Benesmail, lugarteniente de Lamari y organizador, según Garzón, del frustrado atentado contra la Audiencia Nacional? ¿Por qué alguno de los imputados en el 11-M buscó o pensaba buscar cobijo afiliándose al PSOE? ¿Hay más militantes socialistas vinculados por afectividad o profesión a los islamistas del 11-M? ¿Cómo se explica que entre los días 11 y 15 de marzo de 2004 el CNI no hubiera considerado oportuno rectificar el informe distribuido el día 11 de marzo en el que se atribuía inequívocamente a ETA la autoría de los atentados? ¿Se investigó la denuncia de un físico nuclear armenio sobre las concomitancias entre etarras e islamistas en Palestina? ¿Qué quería decir el diario Gara cuando advirtió hace unos días al presidente del Gobierno que todos sus antecesores habían caído a causa del conflicto vasco? El Grupo Popular sólo formula preguntas porque no tiene las respuestas y lo único que desea es que haya una investigación rigurosa e independiente de cualquier intencionalidad política.

En los próximos días, la mayoría gubernamental intentará reproducir el estruendo del 13 de marzo. Se trata de aniquilar al Partido Popular y esconder la vergüenza del infame cierre de la investigación. Pero, mal que les pese, la capitulación del Congreso no impedirá la búsqueda de la verdad. Una «garganta profunda» y un intrépido dúo de periodistas acabaron con el todopoderoso Nixon. Algunos no deberían olvidar las lecciones de la historia.